Filtraciones, escasez de agua, fallas eléctricas: alertan sobre el estado de las viviendas que construyó el GCBA en la Villa 31

El agua se filtra por los techos y las paredes de más del 70% de las familias de la Villa 31 relocalizadas –en muchos casos, a la fuerza- del sector del Bajo Autopista al denominado Barrio YPF. En algunas de las viviendas las aguas cloacales se derraman e inundan los baños, con los riesgos sanitarios que ello implica. La térmica salta si se enchufan más de dos artefactos por vez, en casas sin conexión a gas, donde la única alternativa es la electricidad y la mayor parte de los paneles solares instalados ya no funciona. Estos son algunos de los resultados del informe técnico elaborado por el Observatorio Del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Defensoría de Laburantes, en conjunto con las familias. Ya fue presentado al Ejecutivo local semanas atrás, en el marco de la mesa conformada para abordar las problemáticas sobre este sector del barrio. Aún no hubo respuesta.

“Estamos frente a daños estructurales generados a través de una baja calidad constructiva que causó filtraciones en las lozas a través de techos y pareces, que debilitan la estructura resistente de estas nuevas construcciones y -si no se toman medidas- pueden generar su destrucción. Además, desperfectos en el sistema eléctrico, que potencia los riesgos de incendio (ya los hubo, de hecho). Estamos frente a eventuales aumentos en los riesgos de caídas y accidentes por la falta de adecuados elementos de seguridad y los espacios comunes no tienen elementos básicos de protección. Desde el punto de vista de la salud, hemos detectado en numerosas unidades el derrame de líquidos cloacales, que constituye un elevado riesgo sanitario. Y las filtraciones generan humedades, moho, que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias”, describió la ingeniera María Eva Koutsovitis, de la CLIC.

Participaron del relevamiento 45 familias, que viven en 19 de los 16 nuevos edificios. Un equipo técnico interdisciplinario realizó el estudio, al que los habitantes añadieron videos y fotos para mostrar el deterioro de sus casas. “Los datos más relevantes y más alarmantes tienen que ver con las filtraciones en techo y en paredes. Otro tema no menor es la aislación termoacústica: lo plantean el 81% de las familias, que consideran que la aislación acústica es deficiente y escuchan absolutamente todo lo que pasa en la vivienda de al lado. El 68% afirma que no puede enchufar varios artefactos en simultáneo. Es preocupante porque da cuenta del riesgo eléctrico al que se encuentran expuestas”, advirtió Koutsovitis, y señaló entre otros resultados del informe el déficit en las instalaciones sanitarias, los paneles solares que no funcionan: “Uno celebra esa elección del GCBA, pero requieren de mantenimiento, insumos muchas veces importados, hoy prácticamente están fuera de uso. Las familias no cuentan ni con los recursos económicos ni técnicos para mantener una tecnología así. Hubiera sido una oportunidad pensar algún tipo de desarrollo productivo para el barrio para usar energías sostenibles, pero debería haberse hecho de manera previa. Es una oportunidad que se perdió”.

El 56% dice que las luces funcionan mal, el 43% refiere que no hay matafuegos o no tienen carga, en el 70% de los casos las luces de emergencia no funcionan o no hay. Según el 48%, los elementos de seguridad como barandas no están firmes. Para el 47%, los porteros eléctricos no andan. Y la lista sigue. Todo esto se enmarca en un proceso de relocalizaciones en el barrio que comenzó en 2019, sobre todo para familias del sector conocido como Bajo Autopista.

“Las familias tienen la enorme preocupación de que estas viviendas, de acuerdo al GCBA, tienen corto tiempo de garantía –algo contrario a nuestras leyes-. Esto preocupa mucho, porque pasado ese supuesto plazo están viendo que las viviendas se deterioran día a día y que luego van a tener que afrontar una mala calidad constructiva con un enorme esfuerzo económico”, advirtió la ingeniera. Durante el relevamiento, percibió “mucha angustia” en ese sentido entre las familias. “Han sido expuestas a mucha violencia institucional. Desde las relocalizaciones forzadas, muchas no querían abandonar sus casas, había viviendas en buenas condiciones estructurales que igual el GCBA demolió. Fueron relocalizadas muchas de forma violenta a viviendas que nunca habían elegido ni tenían ninguna instancia para poder participar respecto a cómo les gustaría que fueran y que por décadas van a tener que pagar”.

Todo esto, tal como alertó el informe, implica un riesgo de mayor gentrificación: familias que no puedan seguir pagando y manteniendo esos inmuebles y deban migrar, en una zona de la Ciudad de tierras codiciadas y vendibles. Familias, en muchos casos, encabezadas por mujeres que perdieron su principal ingreso económico con la relocalización forzada (por caso, un kiosco que funcionaba en su vieja casa). Koutsovitis alertó: “Estamos hablando de una metodología constructiva que tiene la característica de rápidamente montarse y rápidamente desmontarse. Y no es un dato menor que estemos hablando de un barrio cuyas tierras tienen aprobada su venta en la Legislatura”. Todo ese combo preocupa, mientras las casitas de colores se siguen deteriorando.

“En el sector de viviendas nuevas de YPF viven más de 1.000 familias que fueron reasentadas por vivir debajo de la Autopista Illia con malas condiciones de habitabilidad, y su imposibilidad de formalizar la tenencia”, dijo el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que aseguró que “mínimo una vez al mes se convoca a una Mesa de Posmudanza donde no solamente se resuelven los problemas que puedan surgir en el sector, sino que también se proyecta y se co-crea junto a la comunidad cómo va a ser el futuro del sector en el marco de la integración del Barrio Mugica con la Ciudad”. Desde esa cartera afirmaron además que “se implementó un sistema único, a través del cual las familias pueden hacer reclamos sobre sus viviendas. Los reclamos se realizan vía Whatsapp a un número difundido por todo el sector. Cada solicitud es verificada de manera presencial por un perfil técnico del equipo y, en caso de que corresponda, se deja asentado en el Sistema Único de Reclamos para su posterior arreglo por parte de la empresa correspondiente”. De acuerdo a las organizaciones sociales y las familias que elaboraron el informe, en cambio, “se hacían los reclamos, pero no eran contestados o cuando se atendían era mucho tiempo después».