Firme repudio a la decisión del gobierno

La detención arbitraria de Milagro Sala va a camino a transformarse en uno de los principales conflictos de Mauricio Macri. El viernes, el gobierno nacional volvió a recibir un revés a nivel internacional. La CIDH se sumó a la demanda que ya había realizado la ONU y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Pidió la liberación de la dirigente social. El presidente argentino se refirió al tema, al cerrar el «retiro» que compartió con su Gabinete en Chapadmalal. Hizo una extraña valoración jurídica sobre la situación. «A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos que había cometido», dijo, sin responder sobre la prisión preventiva, que es lo que cuestionan todos los organismos internacionales. Las repercusiones, en el ámbito jurídico y político, no se hicieron esperar.

La asociación civil Justicia Legítima, que agrupa jueces y otros funcionarios del Poder Judicial emitió un comunicado. Señaló que «ante la conmoción internacional producida por la detención» de Milagro expresaba «profunda preocupación por la eventual responsabilidad del Estado argentino en un caso emblemático». «Más allá del contenido de la causa, cuando la política traspasa las fronteras de la justicia el Estado de Derecho está gravemente amenazado». «El único camino para asegurar el orden democrático y la división de poderes es acatar las resoluciones de los organismos internacionales.»

Consultado por Tiempo, el jurista y exjuez León Arslanian, que participó del histórico juicio a la Junta Militar, sostuvo: «Hay que separar dos situaciones. Una de ellas es la prolongación de su encarcelamiento preventivo; la otra, las causas sobre posibles delitos que hubiese cometido, que están abiertas. Lo que está en tela de juicio, y viene cuestionando uno de los órganos de la ONU y la CIDH es que no se haya concedido la excarcelación y se la mantenga detenida. Esto es el tema y, en este punto, es correcto porque tenemos jurisprudencia de la Corte y la propia CIDH.»

También habló con este diario Miguel Monserrat, miembro de la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Es una barbaridad. Es vergonzoso», dijo sobre las declaraciones de Macri. «Los organismos internacionales, todo el mundo, condena esta detención, infundada, impulsada por un gobernador (Gerardo Morales) que actúa como un régimen feudal porque declaró que no iba permitir que Milagros quede libre.»

La nueva escalada del conflicto también despertó reacciones de diversos sectores políticos. La diputada nacional del FpV Diana Conti le dijo a Tiempo: «Macri está muy mal asesorado o nos toma por estúpidos. Los organismos internacionales se refieren a la prisión preventiva. Eso es lo arbitrario. Nadie habla de las causas. Hace un año que está presa y fue detenida por ejercer el derecho a la protesta. Tiene que estar en libertad.»

El ex ministro de Defensa y ex diputado nacional Agustín Rossi, por su parte, sostuvo: «Tenemos una canciller que representa un país que no cumple con las recomendaciones de la ONU, como la libertad de Milagro. Cuando recibe una comunicación de la CIDH, que, por primera vez, después de los pedidos que hizo durante la última dictadura militar, solicita la libertad de un preso político, lo único que hace es decir, sin emitir opinión, que se lo girará al gobernador jujeño. Argentina, en política exterior, es todo deuda.»

Tambien hizo declaraciones la diputada del FIT Myriam Bregman. Sostuvo que el presidente «tiene graves problemas». «Sus aliados radicales lo metieron en un lío jurídico. Intentaron usar a Jujuy como un laboratorio de ajuste y represión. Violaron la más elemental legalidad.» «Estuvimos hace poco en Jujuy-agregó la diputada-. Recibimos terribles denuncias sobre las violaciones a las libertades democráticas en esa provincia. Lo denunciamos en el Congreso decenas de veces. No quieren escuchar porque usan a Jujuy como laboratorio para avanzar sobre el resto del país». «