Se trata de Marcelo Romero quien denunció a Emilio Pérsico por "incitación a la violencia colectiva". La Cámpora lo consideró como "un grave ataque al derecho a manifestarse".
La denuncia generó rechazo en movimientos sociales y políticos, que lo consideraron como una persecución y un ataque al derecho a la protesta. A pesar de eso, este jueves el funcionario judicial ratificó su postura: Para mí, un piquete es un delito. No he tenido suerte con los jueces, porque entienden que cuando hay una vía alternativa, no se configura. Pero el corte de calles, para mí, está perfectamente establecido en el Código Penal y viola el artículo 14 de la Constitución nacional. Siempre lo dije, no es de ahora», resaltó.
En declaraciones a radio Delta, el fiscal consideró que el corte de vías de comunicación de cualquier tipo, es delictiva. Se puede protestar tranquilamente sin cortar calles, pero se quiere molestar para llamar la atención. Un piquete que no corta calles, no es piquete», sostuvo, aunque reconoció que su postura «es minoritaria» dentro del Poder Judicial.
La denuncia del fiscal se basó en los dichos públicos de Persico, quien adelantó que realizarán un corte la semana próxima si no hay avances en la implementación de la Emergencia Social.
La causa generó la inmediata reacción del Movimiento Evita, que presentó un proyecto de ley para «proteger y promover» la protesta social y manifestaron en un comunicado que el accionar dl fiscal se pone al servicio de una política persecutoria y estigmatizante digitada públicamente por la ministra Patricia Bullrich.
La Cámpora salió también en rechazo de la actuación de Romero. La denuncia por apología del delito contra el compañero Emilio Pérsico es un grave ataque al derecho a manifestarse, y un claro mensaje para todos los sectores sociales que pretendan expresar su oposición frente al avance del ajuste, sostuvieron.
Cuestionar que la Justicia nuevamente se convierte en ariete del poder macrista, poniéndose al servicio de la política represiva planteada recientemente por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y consideraron que no se puede permitir este tipo de actos intimidatorios, cuyo único objetivo es frenar el descontento general contra Macri y su conjunto de políticas que generan despidos masivos, aumentos descontrolados de precios, pobreza y exclusión.
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