El FMI reconoce que existe un alto riesgo de que el préstamo a la Argentina termine en un nuevo default

El reporte del FMI a través del cual el staff aprobó el nuevo acuerdo con la Argentina luce contradictorio. Es que, más allá de las reformas estructurales y las metas de acumulación de reservas que impone, reconoce que el perfil de vencimientos obligará a la Argentina a un nuevo puente de financiamiento hacia 2030 y no descarta la posibilidad de «tensión soberana».

El acuerdo, de hecho, no obtuvo el aval clave del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación (SPR) del FMI cuya directora, Ceyla Pazarbasioglu, hizo públicas sus disidencias fundadas en la falta de sustentabilidad que el nuevo desembolso contiene.

Reservas negativas, deuda privada y riesgo país

El gobierno argentino aceptó un compromiso de acumular más de U$S4 mil  millones de reservas netas en 2025 cuando, durante los primeros tres meses del año, el Banco Central de la República Argentina ya resignó casi U$S 5 mil millones.

Según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de hecho, “la variación negativa de reservas (en lo que va del año) fue de USD -4.909 millones, que es el punto de partida en abril. Por ende, para alcanzar la meta de junio, se deben acumular USD 4.400 millones y para la meta de diciembre 2025, USD 8.900 millones”.

En su reporte, el mismo organismo, además, “prevé obligaciones de servicio de deuda del sector público con acreedores privados y oficiales de USD 13.600 millones para 2025” a lo que hay que añadir “otras obligaciones como pago de dividendos y deuda comercial de U$S 12.400 millones”.

Por eso, destaca el informe del CEPA, “sumados estos montos a la meta de acumulación de reservas (U$S 19.700 millones), se requieren U$S 47.000 millones en 2025”. Sin embargo, destacan, “los ingresos esperados son de U$S 31.800 millones”, por eso, concluyen, “la necesidad financiera es de U$S 15.200 millones” para los cuales resulta necesaria una reducción sensible del riesgo país que a la vez permita un “rolleo” de la deuda y que, sin embargo, y luego de la euforia del mercada por la devaluación y la salida del cepo, todavía se encuentra en 725 puntos rondando niveles de default.

Irresponsabilidad política

La decisión del FMI de dar lugar a un nuevo empréstito a la Argentina se fundamenta en la deliberada intención del gobierno argentino por superar las metas fiscales (el Fondo exige un superávit del 1,3% para 2025 y Luis Caputo adelantó que apuntará al 1,6%), y claro, la voluntad del gobierno norteamericano de Donald Trump de apuntalar un gobierno ideológicamente afín en el cono sur.

Solo eso puede explicar que el organismo acepte un nuevo acuerdo de 48 meses (Facilidades Extendidas) por U$S 20 mil millones equivalentes al 479% de la denominada cuota que, para el mismo informe, “aumenta la exposición general al final del programa del 976% al 1.115 % de la cuota”.

Hasta antes del nuevo acuerdo, la deuda de la Argentina con el organismo explicaba el 36,9% del total de los préstamos vigentes del FMI que, ahora, escalan hasta el 43,1%.

El reglamento, papel pintado

Lo cierto es que, objetivamente, el acuerdo con la Argentina viola nuevamente los criterios que establece para el “acceso excepcional” de fondos.

Es que el punto dos del reglamento interno del FMI exige que “la deuda pública debe encontrarse en un sendero de alta probabilidad de repago en el mediano plazo” y que “el país miembro debe tener una perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito en un plazo y monto que permita el repago de los fondos obtenidos por el organismo”. Sin embargo el mismo informe sitúa el riesgo en niveles “Altos” y reconoce las dificultades que el elevado riesgo país impone para el acceso a financiamiento privado.

Pero, además, el reglamento interno dispone que “el programa propuesto por el país miembro debe poseer una perspectiva de éxito lo suficientemente fuerte no sólo en términos técnicos, sino también en términos de capacidad institucional y política para llevarlo a cabo” cuando, saben, el oficialismo ostenta una marcada minoría en el Congreso y deberá abusar de los vetos presidenciales para sostener el rumbo de ajuste planteado en sus metas fiscales.

El horizonte de default

El informe elaborado por el CEPA analiza el texto del FMI en el cual destacan que “el personal evalúa que la capacidad de Argentina para reembolsar al Fondo sigue sujeta a riesgos excepcionales, que dependen críticamente de acciones políticas tempranas y de la implementación sostenida del plan de estabilización para alcanzar las metas de acumulación de reservas y asegurar la reanudación del acceso al mercado para cuando venzan las recompras al Fondo”.

Además, destacan en el ítem «Capacidad de repago» del staff report que “el margen de maniobra sigue siendo limitado, especialmente en el contexto de bajas reservas, altas obligaciones de servicio de la deuda cambiaria, un historial de volatilidad de los flujos de capital y un entorno externo más propenso a shocks”.

A la vez, el texto reconoce que “las obligaciones totales del Fondo alcanzarían un máximo de más de DEG 8,9 mil millones en 2030, lo que llevaría a necesidades generales de financiamiento externo bruto ligeramente mayores, que promediarían alrededor del 9 por ciento del PBI (excluyendo el servicio de la deuda intrasectorial) en el período de pronóstico”.

Por eso, reconocen, que la operación conlleva un “riesgo ALTO dada la incertidumbre por inflación aún elevada y niveles de reservas bajos, lo que atrae riesgos para el reingreso a los mercados en 2026” y que, en definitiva, “existen riesgos de un nuevo episodio de tensión soberana” que, en los términos técnicos del organismo implica la caída en un nuevo default.