Freno judicial a los abusos policiales a mujeres trans

Las organizaciones de diversidad consideraron como un precedente histórico un fallo de la justicia platense, que anuló un procedimiento policial de detención de mujeres trans en La Plata, porque los jueces lo consideraron «abusivo», “ilegal» y «violatorio de las pautas mínimas de trato respetuoso con la dignidada humana», al advertir que la policía las maltrató y desnudó en la vía pública. Esto fue anunciado como la doctrina Zambrano en la Legislatura Bonaerense y aseguraron que el expediente “sienta jurisprudencia” y prohíbe que de ahora en más que se examine a las trans y travestis en la vía pública y las comisarías.

Se trata de una sentencia en respuesta a un habeas corpus presentado por la organización Otrans en favor de Paulet Moreno, Zuleika Castro Tenorio, Laura Portocarrero y María Angélica Zambrano, detenidas en la calle acusadas de venta de droga y desnudadas allí mismo por el personal de la Comisaría 9. También denunciaron que esos procedimientos son cotidianos en la capital de la provincia.

El fallo fue emitido el lunes por los jueces Carlos Alberto Ocampo, Carlos Ariel Agüero y María Elia Riusech del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, y fue presentado este martes por la presidenta de la asociación Otrans, Claudia Vázquez Haro, la diputada provincial del FPV, Karina Nazabal, y la abogada Carolina Grassi, en la Cámara de Diputados bonaerense.

“La resolución del habeas corpus da por nulo el procedimiento de detención porque lo considera vejatorio y discriminatorio. Sienta un precedente histórico”, detalló Grassi. Y agregó: “Fue un procedimiento vejatorio en grado sumo”.

Por su parte, desde la organización que reúne a mujeres trans OTRANS y desde el Frente de Organizaciones TLGB de La Plata, Berisso y Ensenada detallaron que el fallo es el resultado de que desde hace 7 meses vienen denunciando la violencia sistemática por parte de la policía y del sistema judicial hacia las mujeres Trans-Travestis migrantes. En esa línea, Vázquez Haro remarcó que la justicia y la policía utiliza la Ley de drogas (23.737) “como utilizaba a los antiguos códigos de faltas”. Y detalló: “Lo aplican arbitrariamente para armarle causas a las compañeras utilizando el artilugio de las leyes para criminalizarnos”.

Las organizaciones hace siete meses que denuncian que los vejámenes y la discriminación son constantes en el accionar policial y que es un mecanismo de persecución que se enfoca en las mujeres trans y travestis migrantes que ejercen la prostitución callejera, un sector sumamente vulnerable del colectivo LGTB.

En su fallo, los jueces consideraron que la detención de las cuatro mujeres trans “no se ajustó a las formalidades y exigencias legales, por violentar gravemente las garantías constitucionales instituidas en favor de las personas en situación de detención”.

En el expediente fueron analizaron las filmaciones de la detención provistas por la propia policía. Se trata de videos que muestran el operativo nocturno realizado el 2 de septiembre pasado en la vía pública, tras la denuncia de un vecino por supueso “pasamanos compatible con la venta de drogas”, en las que las detenidas fueron obligadas a desnudarse en público, “acompañado de expresiones degradantes”, anotaron los jueces.

Por eso, concluyeron que “se advierte que el personal policial en su marco funcional, ha actuado de modo abusivo e ilegal violentando las pautas mínimas de trato respetuoso con la dignidad humana”.

Además, los magistrados remarcaron que los efectivos violaron “las reglas elementales de respeto a la privacidad de las personas al momento de llevar adelante las diligencias de requisas corporales que efectuara en la vía pública, las que se encuentran garantizadas de manera convencional por los tratados internacionales, así como por nuestra Constitución Nacional y por la legislación interna del país”.

Finalmente, el Juzgado de Garantías N°1 demandó al Estado arbitrar medios y recursos destinados a “prevenir y erradicar estas formas abusivas en los procedimientos de las fuerzas policiales que puedan constituir violencia institucional, sobre personas que integren el colectivo trans, travestis y homosexuales”.