Se produce en un contexto de fuerte caída de los desembolsos, que apenas llegan al 16% del PBI.
El gobierno asegura que las necesidades de inversión del país suman más de U$S 175 mil millones, concentradas en infraestructura, telecomunicaciones y energía. Sin embargo, la lluvia de inversiones no llega y el sector privado apenas si ha hecho anuncios por unos U$S 32 mil millones, algunos de los cuales están en las marquesinas desde hace un año.
La semana que pasó, dos centros de estudio de vertientes políticas diferentes dieron a conocer sus datos sobre inversión de julio, con una caída del 17,3% en moneda constante (reportada por el Instituto de Trabajo y Economía) y del 9,6% en volumen físico (Orlando Ferreres) respecto del mismo mes de 2015.
Según los informes la caída del consumo interno, la parálisis de Brasil, las altas tasas de interés locales y la caída del gasto público en infraestructura explican estas caídas.
¿Podrá un evento modificar esta tendencia? Es sabido que el macrismo es adepto a los eventos marketineros; también que cree que con ellos se logran los objetivos, en este caso que lleguen las inversiones.
Las inversiones que se hicieron hasta ahora fluyeron hacia sectores en los que no primó la mano invisible del mercado, ni mucho menos el marketing, sino decisiones del gobierno que garantizan una tasa de ganancia elevada.
En el caso de las energías renovables, ya hay un stock de anuncios de inversiones por unos U$S 2000 millones. La clave del proceso está en una serie de beneficios impositivos, contables y financieros que tendrán un costo mínimo de 15 mil millones de pesos financiados por el Tesoro nacional y los usuarios.
En energía convencional, el gobierno ha señalado que el sostenimiento de precios artificialmente elevados tanto del petróleo como del gas apunta a pescar inversiones. Acá también se carga la cuenta sobre el fisco y los consumidores.
En el caso de las telecomunicaciones, el gobierno hizo caducar la Ley de Medios para crear un régimen especial que contradice la legislación antimonopólica ya que incentiva la concentración. A lo que agregará una nueva ley que sancionará en forma más profunda este camino.
Por último, en el caso de la infraestructura, el plato fuerte de la atracción de inversiones es un proyecto de ley, conocido como régimen de contratación público-privado, que habilita la extraterritorialidad judicial para las inversiones, junto con una serie de garantías de estabilidad contractual y financiera.
Para ser efectivo, el mini Davos deberá transformarse en algo más que sonrisas y explicaciones repetitivas, a fin de que las inversiones dejen de estar ancladas en un magro 16% del PBI. «
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