El 8 de agosto está prevista una sesión especial para debatir la incorporación de militares en tareas de seguridad. Marcos Peña, en su visita a la Cámara baja, podría anunciar el envío de un proyecto para reemplazar el decreto.
En el pedido de sesión especial impulsado por el Frente Renovador y acompañado por el Peronismo para la Victoria, el Peronismo Federal y el Frente para la Victoria se incluye también el pedido de juicio político contra el Ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Si bien ante la firma del decreto los sectores de la oposición habían reaccionado de distintas maneras y con distintas estrategias para mostrar su rechazo, el pedido de sesión especial terminó por aglutinarlos a todos, incluso a los representantes del FIT.
En este escenario, el gobierno apuesta al bloqueo de la sesión como primera medida. En segundo término desde la oposición especulan durante la visita este miércoles del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la Cámara Baja se podría anunciar el envío de una norma que reemplace al decreto. “Algo similar a lo que sucedió con los decretos de modernización del Estado”, sugirió un asesor.
Lo cierto es que, por lo menos en la Cámara Baja, el decreto corre grandes riesgos de ser rechazado. En ese escenario, tanto el Frente Renovador como el Peronismo Federal se mostraron abiertos a la posibilidad de dar el debate en el recinto sobre las atribuciones de las Fuerzas Armadas y sobre la modificación de la Ley de Defensa Nacional. En ambos espacios sostienen que al tratarse de una ley “emblema de los acuerdos políticos en democracia” no debe ser modificada por decreto.
En paralelo, el diputado nacional por el FPV, Horacio Pietragalla, presentó el último lunes una acción judicial con el objetivo de declarar inconstitucional el decreto de Macri e interpuso además una medida cautelar para que se suspenda su ejecución hasta que se resuelva el planteo.
Según indicó, se trata de un decreto reglamentario que modifica dos leyes, “lo cual debe ser declarado inconstitucional, ya que la única forma de modificar una ley es a través de la sanción de otra”.
“Este decreto además viola una resolución de la ONU que establece claramente que por agresión externa se entiende el uso de una fuerza armada por parte de un Estado”, señaló Pietragalla.
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