Gabriel Fuks: «Hay un abuso de las detenciones preventivas»

«Lamento que una vez más se haya perdido la oportunidad de poner un civil al frente de la Policía», apunta Gabriel Fuks que, como legislador, fue uno de los más activos participantes en la redacción de la Ley de Seguridad porteña. Hace pocas semanas fue elegido defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad y desde su nuevo rol se ocupará de seguir de cerca a la Policía que hoy tiene a Carlos Kevorkian como jefe, en reemplazo del destituido José Potocar.

Su nuevo puesto le exige mantenerse al margen de las cuestiones partidarias y de hecho pidió la suspensión de su afiliación al PJ. «Me parece que al peronismo le haría bien pensar en la posibilidad de unir a la oposición. Romper las fronteras ideológicas y replantear un modelo más inclusivo que el actual», analiza en una forma elegante de saltear la veda.

–¿Cuál es el alcance de la tarea de la Defensoría?

–Más allá de su rol constitucional, en los últimos años ha ido creciendo. En la medida que la sociedad toma conciencia de que existe esta herramienta va siendo mucho más útil: hay derechos que no eran conocidos como tales. La defensa de los inquilinos es un buen ejemplo de la visibilidad que pueden adquirir determinadas herramientas que tiene este organismo. Y es un rol que va creciendo día a día.

–¿Cómo funciona el organismo? ¿Actúa solamente frente a las

denuncias concretas?

–El área de recepción de denuncias es la que tiene mayor visibilidad, pero también actuamos de oficio. Desde las distintas áreas tenemos la capacidad de señalar cuestiones que están planteadas en el debate colectivo pero que no tienen visibilidad como un tema específico. Hace unos días se organizó una bicicleteada en protesta por las tres personas que fueron atropelladas: ahí hay un problema porque el Estado no puede defender la vida de esos ciudadanos. Ese tipo de cuestiones merece acciones más allá de la denuncia. La seguridad vial es uno de los temas a los que me voy a dedicar.

–¿Qué otras cuestiones trabajará como defensor adjunto?

–Tuve mucha participación en la redacción de la Ley de Seguridad Pública porteña. Tengo muy claro cuáles son las cuestiones que la ley no ha cumplido y la seguridad va a ser uno de los temas que más voy a seguir. Está claro que en las manifestaciones no puede haber más policías sin identificación, policías con armas de fuego y las cuestiones que pudimos introducir en la ley. Pero hay otros temas, como el defensor del Policía que tampoco se están cumpliendo. O el «Estado policial»: hay agentes que mueren durante los asaltos porque

se los identifica como policías, pero también otros que cometen delitos

con sus armas reglamentarias, muchos de ellos femicidios.

–¿Qué otros puntos de la ley no se cumplen?

–Hay una gestión de «comisarías abiertas» que nada tiene que ver con lo que impone la ley. También es necesario poner en marcha los foros de Seguridad. ¿Qué pasa con los trabajadores de prensa en las movilizaciones sociales cuando hay participación policial? Hay que hacer un seguimiento de esos temas y propuestas para fortalecer el debate. Tenemos que visibilizar que el uso de la fuerza no es un tema de «garantistas porteños» sino que también hay un debate en Naciones Unidas y la Cruz Roja.

–En las marchas de ‘Ni una menos’, contra la reforma previsional y por Santiago Maldonado hubo detenciones «al voleo» y lejos del lugar de los hechos. ¿El gobierno le soltó las riendas a la Policía?

–No, es un fenómeno viejo. El problema es que no se aplica la ley en este tipo de cuestiones. Y hay algunos elementos complejos de la Justicia, hay un abuso en algunos casos de la «detención preventiva» cuando ni siquiera hay sustanciados procesos. No sólo hay que analizar el rol policial sino también el de la Justicia.

–La ley de Seguridad Pública se aprobó con amplio consenso en la

Legislatura. ¿Fue ingenua la oposición al apoyarla?

–No. Algunos actores de la oposición plantearon rechazar la ley y otros propusimos tratar de incorporar la mayor parte de elementos conseguidos desde la vuelta de la democracia. Creo que es algo valioso: hoy cuando vemos situaciones de abuso lo hacemos desde una línea que está marcada por la ley. El no uso de armas de fuego en las manifestaciones era algo que el oficialismo no aceptaba y terminó siendo crucial para que los opositores votáramos la ley. ¿Qué hubiera pasado sin este artículo?

–Hubo un reto público de Macri a Rodríguez Larreta porque consideró que no es lo suficientemente duro para desalojar piquetes. ¿Cree queaplican la misma fórmula ante la protesta social?

–Creo que hay matices. Algunos son visibles, hay que estudiar si otros son matices o diferencias doctrinarias. En el primer operativo del Congreso, a cargo de Patricia Bullrich, no se aplicó ninguna de las cuestiones que marca la ley porteña, después vimos también abusos policiales. Si se cumple la ley hay una salvaguarda mayor de la vida y la posibilidad de frenar la capacidad represiva ilegal por parte del Estado. Las fuerzas de Nación han generado dos hechos como fueron el asesinato de Rafael Nahuel y toda la situación que derivó en la muerte de Santiago Maldonado. Todavía no se ha visto ese nivel de cacería en la Policía de la Ciudad.

–Históricamente se señaló el vínculo de la Policía con la recaudación

ilegal en la Ciudad, ¿hubo cambios con la transferencia de la Federal?

–Todavía no cambió demasiado. Hasta ahora, en todo caso, vimos una reacción adecuada por parte del gobierno frente a los mecanismos de

recaudación ilegal como sucedió con José Potocar. Pero todavía subsisten redes de ese tipo en las fuerzas de seguridad. Los adicionales siguen siendo una fuente de sujeción por parte de los mandos a la tropa. Porque les da a los jefes la capacidad de incidir

de manera importante en el salario de los oficiales. Con eso pueden obligar a los niveles más bajos a hacer la vista gorda con los trapitos, recaudación ilegal y demás. El caso de Núñez es un ejemplo perfecto, no tengo dudas de que siguen existiendo redes de ese tipo. «