Profesionales del Garrahan denunciaron penalmente a Milei por «incumplimiento de los deberes de funcionario público»

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei en los Tribunales Federales de Comodoro Py por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Fue a raíz de sus declaraciones del 8 de mayo en el canal de streaming Carajo, durante su participación en el programa «La misa» del troll y hostigador libertario en redes autollamado «Gordo Dan», donde Milei anunció («no se sabe si en broma o en serio», afirman) que busca protagonizar una obra teatral titulada «Juicio al capitalismo» en el Muro de Berlín, en la capital alemana, con «rubias voluptuosas vestidas de Estatuas de la Libertad», y que lo recaudado sería donado al Hospital Garrahan. 

La «caridad» del presidente, mientras ajusta al Garrahan

La denuncia fue presentada con el patrocinio de la abogada Mariana Chiacchio y la firma de la denunciante, la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana, quien en un comunicado expresó que «el presidente Milei se burló del Hospital Garrahan y propuso ‘caridad’ con un acto repugnante de machismo, utilizando un lenguaje obsoleto, que las mujeres hace tiempo no toleramos más, nunca más. En nombre de todas, y todos, no somos objetos ni pertenecemos a nadie, hay un piso de derechos que conquistamos y no retrocedemos».

Según la denuncia, las expresiones de Milei en ese programa de streaming constituyen una «burla a la crítica situación que atraviesa el Hospital Garrahan y una forma de violencia simbólica y machista. Estas declaraciones no sólo tienen un claro sesgo misógino, sino que se burlan del padecimiento de trabajadores y trabajadoras, pacientes y la comunidad en general del Garrahan«, sostiene el texto judicial, que señala que el presidente incurre en «discriminación contra las mujeres» al utilizar estereotipos en sus declaraciones públicas, en violación a la Ley 26.485.

La denuncia encuadra los dichos presidenciales como parte de una «política de vaciamiento del Garrahan» porque «la actual política de Javier Milei y de su ministro de Salud, Mario Lugones, es desfinanciar el sistema público de salud, provocando un éxodo de profesionales por los bajos salarios y la degradación de las condiciones laborales».

La catarata de renuncias es una realidad. Como reveló Tiempo a fines del 2024, al menos hasta diciembre había una renuncia por día, más de 70 en todo el año y el equivalente de renuncias de los últimos 9 meses igual a la cantidad registrada en los últimos 9 años. Ese es el saldo de las políticas de vaciamiento, con salarios de hambre, que lleva a cabo en el Hospital Garrahan la gestión de Gobierno de Javier Milei, de la mano del ministro de Salud Mario Lugones, en conjunto con el gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri. Cabe destacar que el hospital depende, en lo presupuestario, en un 80% de nación y un 20% de Ciudad.

Menos salarios y menos servicios

La denuncia cita también como agravante que el Presidente bromeó con dar dádivas a este centro de salud con fondos recaudados con una supuesta obra de teatro que hará, mientras que el contexto real es que «desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 los salarios del personal del Hospital Garrahan perdieron un 100 por ciento, sin aumentos acordes a la inflación«.

«La gravedad de la situación exige una respuesta contundente del Poder Judicial», concluye el texto, que considera que «estas acciones del Presidente configuran un uso del poder estatal para emitir discursos de odio, lo cual no puede ser tolerado en una república democrática», y ante lo que exigen «que se cite a Milei a declaración indagatoria conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)».

A la situación se suma el desmantelamiento de equipos, áreas y servicios. A fines del mes pasado se anticipó el inminente cierre de la residencia de Trabajo Social por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

Si bien aún no hubo confirmación oficial, desde el Servicio Social del hospital pediátrico de alta complejidad difundieron una carta para advertir que el último viernes de abril directivos del hospital “informaron sobre la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de no asignar vacantes para el ingreso a la residencia de trabajo social”.

A principios de abril, la alarma había sido encendida en el Hospital Bonaparte, donde no se renovaron los cupos para los ingresos a la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM). Esto es, en psicología, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería y musicoterapia.

Tanto desde el Garrahan como desde el Bonaparte cuestionaron la mirada de la cartera que comanda Mario Lugones, que apunta contra la interdisciplina y la atención integral en salud y sólo contempla los abordajes médicos ‘tradicionales’.

“Es evidente que se trata de una política muy consciente por parte del Ministerio de Salud porque, aunque todavía no sea oficial, lo que van anticipando las personas que tienen responsabilidades de gestión se corresponde con lo que también fue dicho en el Bonaparte, en el marco de una ofensiva que quiere llegar al cierre”, dijo Alejandro Lipcovich, trabajador del Garrahan y Secretario General de la Junta Interna (ATE).

“Hay un problema de ajuste en general y la aplicación concreta de ese ajuste tiene un contenido político ideológico de atacar especialmente a ciertas disciplinas que en manos de la claque empresarial que gestiona el Ministerio -con Lugones a la cabeza- desprecia por completo lo que es la interdisciplina en salud, las prácticas y miradas que no tienen solo a la profesión médica y al dispendio de medicamentos como única tarea”, criticó Lipcovich en diálogo con Tiempo.

Agregó que “hace ya muchos años que esto viene desarrollándose, la salud concebida en forma integral incorpora muchas profesiones y disciplinas. Acá en el Garrahan tenemos mucho, deberíamos tener más trabajo social: es una pata fundamental en todos los hospitales. Con lo cual se va a sumar a la amplia gamas de reclamos que tenemos planteados por las condiciones de trabajo también la defensa de estos puestos de residencia”. El tema estará presente en la asamblea convocada para la semana que viene.

“No asignar vacantes para la residencia de trabajo social es una manera de desvalorizar a la profesión y su incidencia en procesos interdisciplinarios e intersectoriales de atención en salud pública pediátrica. Subyace un gran desconocimiento acerca de la especificidad del TS en un efector de salud de alta complejidad, con asistencia en patologías crónicas y/o complejas, valoraciones de riesgo y armado de redes para garantizar el derecho a la salud integral y la accesibilidad a los recursos que se requieren para el diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de Niños, Niñas y Adolescentes de todo el país”, escribieron desde el sector en la carta con la que buscaron visibilizar la situación.