Esta semana se conoció el informe sobre la gestión energética de la exgobernadora bonaerense. El subsecretario de Energía de Kicillof analiza la situación.

En diálogo con Tiempo, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, habla de cómo desandará el camino del congelamiento, del control que aplicarán sobre las empresas y de las inversiones urgentes para la pospandemia.
–¿Cuáles son los ejes de la negociación por las tarifas?
–Tenemos que salir del congelamiento pero con un sendero razonable. Ahí tenemos dos grandes lineamientos: el primero es que las tarifas sean viables en términos sociales y económicos. Si fuera por lo que definió Vidal, la tarifa hoy estaría un 100% más en lo que hace a distribución y eso es inviable. La tarifa se divide en tres tercios: un tercio energía, un tercio distribución y otro tercio impuestos y tasas. El segundo lineamiento es hacer inversiones. La red viene con un atraso enorme en inversiones y eso después se va a ver en la calidad del servicio. Somos optimistas en que la actividad económica va a repuntar y, para eso, necesitás una red en muchas mejores condiciones de lo que está. Entonces ahí las empresas van a tener que cumplir a rajatabla con los planes de inversiones acorde a la tarifa que tienen. El Estado aportará lo suyo también, pero hay que hacer las inversiones.
–¿Cómo se sale del congelamiento?
–Del congelamiento no podemos salir solos por varias cuestiones. Primero, tiene que ir alineado con el precio de la energía, algo que define Nación, entonces, estamos en trabajo permanente con ellos. Y otra cuestión es que Edenor y Edesur son parte de la Provincia, son de jurisdicción nacional, pero están acá y estamos alineados, por lo que todo va a depender de una definición conjunta. Estamos trabajando en eso. Incluso ya les adelantamos a las empresas que se cambiará la fórmula de ajuste anual y que vamos a modificar el tipo de cambio, porque las tarifas estaban dolarizadas. Eso ya es una decisión tomada.
–¿En qué consistiría el control sobre las empresas?
–Vamos a aplicar el sistema de contabilidad regulatoria que está previsto por ley. El gobierno anterior contrató a una consultoría pero quedó en la nada. Hicieron un plan piloto con una empresa y una cooperativa y no avanzaron. Nosotros retomamos ese trabajo y ya lo estamos implementando. La contabilidad regulatoria nos va a permitir saber el nivel de inversiones en detalle. Cada poste y cada transformador que coloca la empresa, si tienen una cuadrilla que va y hace un arreglo en una línea de alta o de media tensión. La idea es ir sabiendo el costo de operación y mantenimiento para saber, cuando hacés el cuadro tarifario, cuánto le vas a cobrar al usuario domiciliario, a las industrias. Ese es el nivel de detalle que pretendemos. No es algo innovador. Se hace en muchos países y es algo que ellos habían arrancado a hacer pero no hubo voluntad de continuarlo.
–¿Cuánto perdieron las prestatarias con el congelamiento?
–Estamos viendo eso. El artículo 87 del proyecto de Presupuesto nacional prevé una compensación de CAMMESA a las distribuidoras por las pérdidas durante el congelamiento. En todo este tiempo, las empresas acumularon deuda con CAMMESA porque, para mantener su caja, no le pagaron al mayorista y todas acumularon deuda: algunas pagaron el 20, el 30 o el 50% de la factura. Entonces, nos tenemos que sentar con Nación, con CAMMESA y con las empresas para ver qué se les condonaría una vez que esté aprobado el Presupuesto.
–¿Van a implementar cambios en la tarifa social?
–Nosotros fuimos siempre críticos con el bloque de los primeros 150 kilovatios gratis porque los hogares más humildes, que se calefaccionan con energía eléctrica en invierno, pasan rápidamente ese número. Ese esquema lo queremos modificar. Estamos conversando con Nación porque la tarifa social termina siendo cara para algunos sectores como está actualmente. Y la tarifa común termina siendo barata para los sectores más pudientes. Tenemos ese problema.
–¿Cómo se llega a una tarifa “justa y razonable”?
–La justicia y la razonabilidad están relacionadas, por un lado, con los ingresos per cápita de una familia y cuánto le destinan a la energía. No puede ser que una familia esté destinando un 10, un 12 o un 15% de sus ingresos a pagar la energía; entonces ahí es donde hay que poner en consideración tanto la tarifa social y demás para que sea un porcentaje del ingreso mucho más pequeño. Y lo razonable es que, además, pueda retribuir lo que necesita la red: mantenimiento, operación e inversiones. Ahí es donde hay que encontrar el equilibrio y siempre está la pata del Estado para regular, controlar y, en todo caso, también hacer inversiones. «
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