La solicitada –con más de cinco mil firmas- se puso en marcha luego de que el ministro definiera como “una carga muy grande” a afiliados de más de 80 años en PAMI. Afirman que “queda en evidencia una incompatibilidad de fondo entre esa mirada y la función pública”.
“Gerontólogos de todo el país pedimos la renuncia del ministro Mario Lugones por sus dichos sobre el PAMI. La pedimos porque cuando un ministro afirma que el PAMI ‘tiene una carga muy grande’ al referirse a sus afiliados de más de 80 años, no está simplemente describiendo un dato demográfico. Está revelando una concepción de la vejez. Y esa concepción es incompatible con la responsabilidad de conducir la política sanitaria nacional. Sobre todo con un Ministro que también integra el grupo de Personas mayores y parece no asumirse como tal”, plantearon, en relación a la edad de Lugones: a poco de cumplir 79.
La solicitada lleva la firma de profesionales como Silvia Gascón, gerontóloga platense y presidente de la Asociación Civil Red Mayor La Plata; Ricardo Iacub, especialista en psicología de la vejez; Mónica Roqué, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y exsecretaria General de Derechos Humanos, Geronto Comun, Género y Políticas de Cuidado del PAMI; María Julieta Oddone, Investigadora del CONICET y directora del Programa Envejecimiento y Sociedad de FLACSO; Graciela Zarebski, doctora en Psicología por la UBA docente y directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento. Y la lista sigue.
En su nota, las y los profesionales firmantes, junto a personas mayores, sostienen que “la palabra ‘carga’ no es neutra. No describe: califica. No informa: jerarquiza. Coloca a las personas mayores del lado del peso, del costo, de lo que incomoda, de lo que hay que soportar hablar de quienes llegaron a la vejez como si fueran una sobrecarga para el sistema. Ahí estamos frente a una mirada edadista. Y el edadismo, conviene decirlo con claridad, no es una incorrección de lenguaje. Es una forma de discriminación. Una forma de ordenar prioridades. Una forma de decidir quién merece más comprensión y quién menos. Quién es leído como inversión y quién como costo. Quién es protegido y quién es abandonado”.
“Lo más grave es que esta frase no cae en el vacío. Se produce en un contexto donde las personas mayores vienen acumulando señales concretas de deterioro en su acceso a la salud. Primero fue la restricción de la cobertura plena de medicamentos del PAMI. Después, la judicialización de ese derecho, con la necesidad de que interviniera la Justicia para restituir algo tan básico como el acceso al 100% de remedios. Más tarde, la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, que volvió todavía más difícil sostener tratamientos crónicos. Y ahora se suma la reciente modificación del esquema de pagos para los médicos de cabecera de PAMI. Por eso el pedido de renuncia no es desmedido. Es coherente. Y exige además una investigación urgente acerca de la situación sociosanitaria de los afiliados”, reclamaron.
“Cuando la máxima autoridad sanitaria de un país nombra a las personas mayores como una carga, mientras se deterioran las condiciones materiales del cuidado que reciben, queda en evidencia una incompatibilidad de fondo entre esa mirada y la función pública. No se puede proteger a una población a la que se concibe como problema. No se puede cuidar bien a quienes se mira con fastidio presupuestario. La Argentina necesita un pacto social sobre envejecimiento, para que nadie quede atrás, por razones de edad. Y debe partir de una premisa elemental: la vejez no es una carga. La carga, en todo caso, es el prejuicio”, concluyeron.
En paralelo con la difusión de la solicitada y pedido de renuncia, se conoció en las últimas horas la presentación de una denuncia penal contra Lugones por presuntos abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público. Fue presentada por familiares de personas con discapacidad y alcanza también al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al extitular de Andis, Diego Spagnuolo, y al actual responsable del área, Alejandro Vilches.
Según consignó Ámbito Financiero, la causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de orquestar un ajuste sistemático en el pago de los beneficios, incluso eludiendo fallos judiciales, además de sostener un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.
“El desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente», enumeran en el escrito. Apuntan también contra los ataques discursivos: los comentarios estigmatizantes de Adorni cuando daba conferencias de prensa como vocero, la normativa que usaba los términos «idiota», «imbécil» y «débil mental», entre otros.
En octubre del año pasado la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital Garrahan ya había presentado una denuncia penal contra Lugones y Milei por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y “ataque al orden democrático”, tras la promulgación pero sin implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica. Un año antes, en octubre de 2024, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había denunciado a Lugones por “abuso de autoridad” a raíz del cambio del consejo directivo del Garrahan.
La nueva denuncia coincide con otro embate del Gobierno contra las personas con discapacidad, a través del envío al Congreso de un proyecto de ley que endurece el acceso a pensiones y apunta a instaurar un nuevo ajuste sobre el sector más golpeado de la sociedad bajo esta gestión. Mientras personas con discapacidad, familiares y organizaciones advierten una y otra vez que el sistema del que depende su atención fue llevado al colapso.
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