Gloriagate: ¿»Lava Jato» o simulacro?

Argentina está en medio de un sismo político y económico cuyas consecuencias nadie puede pronosticar. La declaración del empresario Carlos Wagner quizá corrija el destino de un expediente con vicios de origen y rasgos clásicos de las operaciones judiciales que se elaboran en Comodoro Py: show mediático, estocada al enemigo político de turno y control de daños para no afectar al poder real.

Las palabras de Wagner, sin embargo, podrían romper con esa tradición. 

Su confesión –la única que verdaderamente califica como tal comparada con el relato libretado de sus colegas–, destapó el pozo ciego de la política, los negocios y el poder.

En su declaración judicial del viernes, Wagner –titular de la constructora Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción– admitió haber administrado un sistema de cartelización de obra pública que habría incluido el pago de retornos a exfuncionarios kirchneristas. El empresario mencionó al ex ministro de Planificación Julio De Vido como responsable del armado, y a los exsecretarios José López y Roberto Baratta como brazos ejecutores de la recaudación.

Según Wagner, el sistema habría funcionado así:

* El «Club de la obra pública» integrado por empresarios y funcionarios determinaba cuáles empresas participaban de las licitaciones, fijaba los precios de las ofertas y decidía quién se alzaría con la contratación. * La ganadora debía abonar el retorno a los funcionarios. * Las coimas provenían de los adelantos de obra que pagaba el propio Estado, cuyos montos oscilaban entre el 10% y el 20% del total de la obra. Otra modalidad consistía en devolver parte de lo que las firmas recibían con los certificados de obra.

La declaración de Wagner, además de complicar a los funcionarios, pone en aprietos al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Si la toman por cierta, implica que todos los empresarios que durante la semana declararon como «imputados colaboradores» mintieron al afirmar que los desembolsos eran «aportes voluntarios de campaña». Y si mintieron, debieran desvanecerse los acuerdos de «delación premiada» que les permitió zafar de la prisión.

¿Se animarán juez y fiscal a deshacer el salvoconducto que firmaron con algunos de los hombres más poderosos de la Argentina?

Es sabido que Bonadio tiene a la expresidenta Cristina Fernández en la mira. No sorprendería que mañana, luego de indagarla, la procese y requiera su prisión. Pero es una incógnita lo que hará con los empresarios que pagaron, cobraron y fingieron ser víctimas de una extorsión. Esa decisión es crucial: lo que el juez y el fiscal hagan con los dueños del poder y del dinero definirá si el caso se convierte en el «Lava Jato» criollo, como lo llaman –frotándose las manos– en Wall Street. O en un nuevo episodio de simulacro judicial. «