Gobernar es urbanizar: cómo correr el límite de la brecha urbana

Nuestras ciudades del Siglo XXI están lejos de ser lo que imaginaban las novelas futuristas. América Latina es la región del mundo en desarrollo con mayores niveles de urbanización. Sin embargo, en las últimas décadas, se han formado conglomerados enormes, disfuncionales, rara vez autosustentables y profundamente enemistados con el ambiente que los rodea.

En ese entramado de construcciones erráticas se observa con crudeza la «nueva cuestión social». El fenómeno de desplazamiento del mundo de los trabajadores formales hacia la economía popular y las múltiples formas en la que sobreviven los «descartados» por la Revolución Científico Técnica. El horizonte aspiracional de ese segmento poblacional no es el de las sociedades de “Pleno Empleo”. Por eso, las demandas y articulaciones políticas que interpretan el nuevo universo de las periferias han hecho del paradigma de las tres T (Tierra, Techo y Trabajo) su realidad tangible.

«Cuanto más aumentan el progreso y las posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder a ello», sostiene el Papa Francisco.

Desde mi punto de vista, es el problema de la «Brecha Urbana» el aspecto central para abordar dentro de esa agenda tan diversa.

Este síntoma es el resultado de la segmentación social que se genera en las ciudades contemporáneas. La ilusión de la “seguridad absoluta” que persiguen los que con muros enormes se separaron del mundo exterior; contrasta con la exclusión a la que son condenados millones de compatriotas que carecen de la infraestructura básica para satisfacer sus necesidades prioritarias.

En el 2018, se aprobó en nuestro país el «Régimen de Integración Socio-Urbano y Regularización Dominial» que hizo visible la existencia de 4000 «Barrios Populares» a nivel nacional, que carecían de conexiones formales al menos a dos de los cuatro Servicios Básicos (Luz, Gas, Agua Potable y Cloacas) y de un régimen jurídico para el reconocimiento de la posesión de la tierra. La ampliación de 2021, recientemente publicada, actualiza a 5.687 las urbanizaciones precarias donde viven 1,2 millones de familias. Esta Ley crea el Registro Nacional de Barrios Populares y certifica la posesión de la Vivienda a través del Certificado de Vivienda Familiar.

Durante el ciclo Nacional y Popular de la llamada “Década Ganada”, se construyó un ideal de bienestar en torno a la adquisición de bienes de consumo masivo que orientaron las políticas de subsidios y las líneas directrices del “modelo”. Por eso, es fundamental reordenar prioridades como lo han hecho otras ciudades y regiones del continente para planificar el crecimiento y facilitar el desarrollo de comunidades organizadas que sostengan la «Casa Común».

Es central avanzar en la denominación de «catastros provisorios» que permitan generar partidas impositivas que otorguen certidumbre a los habitantes y revalorización al suelo reorganizando el régimen de propiedad. Repensar a las y los pobladores de zonas relegadas como sujetos de crédito establece un potencial importante para las economías locales, que a pequeña escala se observa con el redireccionamiento de los fondos del Impuesto a las Grandes Fortunas a partir del Programa «Mi Pieza». Este último marca el proceso virtuoso que significa para las familias la expectativa de mejorar su vivienda. Asimismo, se vuelve menester no divorciarse de la matriz del embellecimiento. Solo refaccionando, reacondicionando y ampliando el espacio social se consiguen mejores experiencias de socialización.

No es una excusa la ausencia de fondos. Los pasivos no remunerados del Banco Central, la generación de renta inesperada y el crecimiento de los precios internacionales de los commodities -esos bienes primarios que constituyen un activo importante de nuestras exportaciones- son activos sustanciales para financiar el desarrollo. De la misma forma que la densificación (la experiencia de urbanización en espacios reducidos) ha demostrado ser una salida para el crecimiento desordenado, la intervención del Estado, tanto en la reasignación de partidas como en el funcionamiento del mercado inmobiliario debe favorecer a la resolución de las urgencias.

Es necesario establecer un acuerdo de políticas públicas de largo plazo que favorezca el desarrollo de comunidades organizadas y planificadas, entendiendo las Ciudades como el motor de la socialización para alcanzar el sueño del buen vivir, algo que los pueblos originarios del Ecuador denominaron “Sumak Kawsay”. Debemos pensar nuevos escenarios urbanos desde una perspectiva humanista, resaltando la heterogeneidad, la sustentabilidad y el equilibrio para poder incluir a todos y todas.