El Gobierno de la Ciudad construyó una confitería en el Parque de la Memoria por $120 millones y la va a concesionar por 250 mil pesos mensuales

La Ciudad de Buenos Aires tiene el tango, los colectivos, el Obelisco. Y bares. Muchos bares. Hasta en espacios públicos. Desde hace años la gestión macrista en la Capital impulsa la colocación de bares y confiterías en parques y plazas, algo resistido por comerciantes, vecinos y opositores políticos. Ahora el gobierno porteño avanza con esa idea en la costanera norte.

Es el caso de «El espacio gastronómico con vista al Río”, una confitería en el Parque de la Memoria a cuya construcción la administración de Horacio Rodríguez Larreta destinó 117 millones de pesos (15 millones más de lo pautado originalmente), aunque no la va a manejar el Estado porteño. La van a concesionar por un canon mensual de 250 mil pesos: $622 el metro cuadrado.

«El Gobierno de la Ciudad construyó concasi 120 millones de pesos, que es dinero de la ciudadanía porteña, una confitería en el Parque de la Memoria. Ahora la va a concesionar por tan sólo 250 mil pesos por mes. Cero inversión y riesgo empresarial, ganancia garantizada, con nuestra Costanera. Un nuevo ejemplo de cómo enriquecer a empresarios amigos a costa nuestra y de nuestros bienes comunes», denunció la ingeniera María Eva Koutsovitis, precandidata a Jefa de Gobierno por El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La HAbitamos e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. 

Todo empezó en octubre del año pasado, cuando el gobierno porteño publicó la Disposición N° 63 en la que decidió destinar $102 millones de pesos para instalar un “espacio gastronómico con vista al Río” en el sector del Parque de la Memoria, “para vincularlo con el corredor Costanera Norte y el Distrito Joven”.

Dos meses más tarde, eligió a la empresa Cunumi S.A. para que lo construya, pese a su oferta fue $15 millones más cara que el presupuesto original. «En total, la confitería terminó costándole al estado porteño más de 117 millones de pesos», apunta el Observatorio. 

Pero no terminó ahí. Ahora, cuando faltan semanas para finalizar la obra, el GCBA decidió entregar en concesión por 60 meses este espacio gastronómico con un canon mensual de tan solo $250 mil pesos: «es decir, $622 por metro cuadrado».  

Una empresa amiga

Cunumí SA es una de las empresas amigas del macrismo porteño. Hasta el 2017 estuvo dirigida por Raúl Nicolás Orsini y luego por Alfonso Peña, un egresado del colegio Cardenal Newman de cercanía la familia Caputo.

Orsini fue imputado en la causa Skanska y sobreseído por el entonces juez, después ministro de Seguridad y Justicia porteño y hoy intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, a pesar de que admitió haber facturado tareas que no hizo. La empresa luego remodeló el cuarto piso del Ministerio. También tuvo como contador a Angel Guidoccio, «contador oculto» de Daniel Angelici, involucrado en una investigación por una red de facturas truchas.

La firma ganó miles de millones de pesos en licitaciones públicas. Sobre todo con las veredas, rubro al que la administración llega a destinar más de 6.000 millones de pesos por año (con respectivas «actualizaciones»). No solo eso, Cunumí por ejemplo fue una de las que salió adjudicada para la colocación de los «bolardos«, que en la última década inundaron las calles porteñas. Ya en 2017 costaban casi 10.000 pesos cada uno. Y en CABA hay más de 50.000.

También construyó viviendas de la Villa Olímpica, participó del Polo Educativo en el barrio Mugica, las viviendas container en la 31 y la peatonalización de Once además del Parque de la Estación, entre otras tantas obras públicas.

Volviendo al tema veredas, un número sirve para graficar el negocio de las aceras en la Ciudad: la Dirección general de Vías Peatonales (sic) tiene para 2023 un presupuesto de $18.954.327.799. Más del doble que la de Infraestructura Escolar.

Modus Operandi

El abogado Jonatan Baldiviezo, precandidato a legislador por El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad remarcó que «el modus operandi es siempre el mismo: el Estado pone la tierra pública (en el caso de la confitería en el Parque de la Memoria son 420 m2), el dinero para la construcción del edificio, y las ganancias se las llevan los empresarios amigos del poder. Cero inversiones, cero riesgos empresariales. Todo negocio y ganancia asegurada para unos privilegiados«.

Baldiviezo acotó que este local gastronómico que se va a concesionar se encuentra en Urbanización Parque (UP) de acuerdo al Código Urbanístico, por lo que estaría prohibida su privatización tanto por la Constitución de la Ciudad como por distintas Ordenanzas y el Código Urbanístico: «Los que perdemos somos las y los porteños, porque nos siguen privatizando la Costanera. Cómo si fuera una provocación, en la Memoria descriptiva del proyecto se asegura que ‘los beneficiarios de la obra son los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’. Cinismo en estado puro».

Y concluyó: «Lo que necesitamos es terminar con la privatización del espacio público y que la Costanera sea una espacio verde y público en su totalidad, tal como lo indica la Constitución de la Ciudad, y tal como lo manifestó la ciudadanía».