A través de los DNU firmados por Milei, se fusionan los dos entes que controlan a las concesionarias. Sucede una semana después de que se produjeran cortes de gas en todo el país y de luz en el AMBA.
La normativa introduce cambios a las leyes 15.336 y 24.065, “con el objetivo de fortalecer la competencia, liberalizar la contratación entre privados, asegurar inversiones y garantizar la libre elección de proveedor por parte de los usuarios”. Además, establece la obligación de los distribuidores de contratar en el mercado a término y transparentar tarifas en función de los costos reales, aunque en los hechos el gobierno disuelve dos organismos que controlan a las concesionarias días después de que se registraran tanto cortes de luz como faltante de gas en todo el país.
En paralelo, el Decreto 452 crea el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que en un plazo máximo de 180 días asumirá las funciones de Enargas y Enre. El nuevo organismo tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y estará a cargo de fiscalizar el cumplimiento normativo, asesorar al Ejecutivo, formular presupuestos y aplicar sanciones. Su directorio estará compuesto por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo con aval parlamentario no vinculante, según describe el decreto.
Además, la Secretaría de Energía estará a cargo de conducir la transición, garantizar la continuidad operativa de los entes actuales y “el traslado del personal y patrimonio al nuevo ente regulador”. El Ejecutivo destacó que la medida responde a criterios de simplificación administrativa, atracción de inversiones y alineamiento con estándares internacionales para mejorar la inserción del país en el comercio global.
“Apagón para los derechos de los usuarios”, describió Walter Martello, quien fue interventor del Enre en el 2022. “La fusión en plena crisis no es una señal de mayor capacidad de respuesta o previsión, sino un retroceso institucional. Cuando más necesitan controles, escucha técnica, previsión y sistema robusto, el Estado licúa sus mecanismos de regulación”, sostuvo el actual Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires.
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