La propuesta de La Libertad Avanza (LLA) apunta a desfinanciar la actividad de "Apoyo y Promoción de la Salud Mental" del Programa 42 de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas.
Además, los miembros de la ACIJ enfatizan en que es la única línea del Ministerio de Salud de la Nación destinada a implementar la Ley 26657 de Salud Mental como corresponde y a impulsar abordajes desde una perspectiva comunitaria. También señalan que los niveles de inversión en esta disciplina cayeron en forma brusca durante 2016 y que nunca se recuperaron.
Cabe destacar, que el pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra durante todo el mes. En este contexto, aseguran que si el año que viene se aprueba este presupuesto libertario generará un impacto negativo de gran magnitud en el campo de esta disciplina.
«La actividad en materia de salud mental contaría con apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,53% respecto de los recursos vigentes para el año en curso, de los cuales, hasta la fecha, solo se ejecutó un 30,75%», advierte el informe de la ACIJ.
Y continúa señalando que la actividad «Apoyo y Promoción de la Salud Mental» incluye acciones fundamentales como la capacitación y cooperación técnica con equipos de salud y autoridades locales involucradas en el asunto.
También estipula «la actualización de prestaciones desde el paradigma comunitario y de desinstitucionalización. La implementación de intervenciones comunitarias para grupos de riesgo, el seguimiento de la adecuación de instituciones monovalentes y la promoción de externaciones sustentables».
Además, contempla el fortalecimiento de la red de dispositivos intermedios, como son las casas de medio camino, viviendas asistidas, centros de día, entre otros modelos que funcionan. «Como la realización de internaciones en hospitales generales, el abordaje integral de consumos problemáticos, el impulso a estrategias de inclusión social», remarca el informe.
Todo esto sumado a una producción de exhaustivas investigaciones, registros y protocolos en salud mental y adicciones. Ello, además de la cooperación -remarca el escrito- para el abordaje de las problemáticas de niños, niñas, adolescentes y la articulación para garantizar la atención a víctimas de trata.
«Hay un gasto en salud mental por fuera del Ministerio de Salud», explica el informe. Y detalla que entre las entidades que reciben fondos destinados para trabajar la problemática está la SEDRONAR, que concentra un 53,6% de la inversión total y cuyos recursos proyectados aumentan un 8,53% respecto del presupuesto vigente para 2025.
Luego está el Hospital Ramón Carrillo -ex Colonia Montes de Oca- que concentra un 30,9% de los fondos y aumenta un 3,91%. Y le sigue el Hospital Laura Bonaparte, que representa un 15,5% del total y cuyo presupuesto se incrementa en un 1,24% para 2026.
El informe sintetiza. «Más allá de que estas variaciones no son significativas, la asignación de recursos a estos organismos es más compleja de evaluar, dado que incluyen gasto que no se orienta a cumplir la Ley».
Y denuncia: «Se está incumpliendo nuevamente con la pauta presupuestaria de la Ley 26.657 de Salud Mental, cuyo artículo 32 obliga a destinar el 10% del gasto total en salud a salud mental. El próximo año, la inversión prevista llegará apenas al 1,42%«.
El informe subraya que el Ministerio de Salud es la autoridad que debe aplicar la Ley 26.657, tiene el deber de promover la inversión en salud mental en todo el país. También de reducir las desigualdades en el acceso a la atención y fortalecer la red de servicios comunitarios.
Sin embargo, a 15 años de su sanción, -puntualiza el informe- el proyecto del presupuesto para 2026 -de ser aprobado- profundizaría el desfinanciamiento de un programa esencial para avanzar en la plena implementación de la norma.
«Lo hace desconociendo abiertamente las obligaciones asumidas por el Estado a nivel internacional y las múltiples exhortaciones que los organismos especializados en salud y Derechos Humanos han hecho a nuestro país», repasa el escrito.
Es por todo esto que solicitan al Congreso Nacional que revierta el recorte que propone La Libertad Avanza (LLA) y garantice partidas presupuestarias suficientes y adecuadas que permitan implementar políticas de prevención y atención integral de la salud mental.
Recomiendan que se realice con un enfoque comunitario en todas las provincias del país. «Porque las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen, como cualquier otra, el derecho a no vivir en el aislamiento», finaliza el reclamo.
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