El Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda: ahora deberán hacerse cargo los municipios y las provincias

En las mismas horas en las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le aseguraba a un gendarme que estaban estudiando «un plan Procrear para gendarmes», el Gobierno del que ella forma parte estaba ultimando los detalles del decreto que salió publicado este martes, donde dictaminan la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Ahora quedará en manos de las provincias y los municipios.

El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que dependía del Ministerio de Economía a través del decreto 70/2025, el mismo de la Ley Bases del 2024. La cartera de Luis Caputo quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.

Con esta medida, la gestión de los programas y proyectos de esta área, como Casa Propia, pasará a la Secretaría de Obras Públicas, que tendrá como misión dar cierre a las acciones en curso para que las viviendas pasen a ser pura exclusividad de gobiernos provinciales y municipales.

Reducir al Estado

Según el decreto, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución, los principales son los de Procrear y el FISU, de integración urbana. 

Con la eliminación de la secretaría, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. En este contexto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de «gestionar la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda»; «coordinar con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el relevamiento de suelos vacantes o disponibles» y «celebrar convenios con gobiernos provinciales, municipales y entidades privadas para finalizar y transferir proyectos de vivienda».

En noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024. En la práctica, el Gobierno igualmente no se estaba haciendo cargo de las obras de vivienda. A mitad de octubre, un informe de CEPA reflejaba que «las obras en educación (-98%) y vivienda (-93%) están prácticamente paralizadas». 

El impacto laboral y el impacto social

Desde los gremios advierten que el fin de las políticas nacionales de vivienda podría derivar en el despido de alrededor de 500 trabajadores. El decreto aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente (decreto 1421/02).

El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda debe ser gestionado a través de créditos personales del sector privado: “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.

Esa concepción encierra cuestiones no dichas ni resueltas: por un lado, hay obras de vivienda que exceden a municipios y provincias, por ejemplo las relocalizaciones del Riachuelo (en este sentido, el Ejecutivo se vio beneficiado de que el año pasado la Corte Suprema decidió correrse de la Causa por el Saneamiento, tras 18 años de proceso judicial). Y por otro lado, el mismo gobierno desfinancia a las provincias y municipios. El mayor caso es la Provincia de Buenos Aires, que dejó de recibir más de 220 mil millones de pesos.

Todo esto sucede mientras aumenta la población en vulnerabilidad, los asentamientos precarios y la crisis habitacional, entre alquileres imposibles, sueldos bajos y falta de acceso a créditos, escala cada día más.