El jueves la policía de la provincia avanzó con represión contra una marcha que protestaba por el proyecto San Jorge. Utilizaron la legislatura provincial como centro de detención.
Gran número de personas se habían movilizado el jueves en defensa del agua y de la Ley 7.722 y contra la megaminería en Mendoza, con foco en el proyecto San Jorge, que busca extraer cobre y oro en Uspallata.
La jornada, que comenzó en el KM0 provincial y culminaba frente a la Legislatura, terminó en una represión policial violenta que incluyó golpizas, gases lacrimógenos y detenciones ilegales.
Entre las personas detenidas se encuentran Liza Rule y Martín Iglesias, quienes fueron golpeados y arrastrados hasta el interior de la Legislatura provincial, «transformando al edificio público en un centro de detención ilegal», según denunciaron los manifestantes.
«En un hecho inédito y gravísimo, ambos permanecieron detenidos dentro de la Legislatura, donde fueron golpeados por efectivos policiales, según pudieron denunciar al ser trasladados», acotaron.
También fueron golpeados y agredidos trabajadores de prensa de medios comunitarios y alternativos que intentaban cubrir la represión desatada contra la pacífica movilización.
Liza y Martín continuaban detenidos hasta anoche y aún no han sido imputados de ningún cargo, por lo que asambleas ambientales y partidos políticos convocaron a nuevas acciones para exigir su libertad.
La Policía de Mendoza continuó atacando con gases lacrimógenos dentro de la Plaza Independencia a quienes permanecían exigiendo la liberación de los detenidos. Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos se concentraron frente a la Comisaría 7ª de Godoy Cruz y el Polo Judicial para denunciar la represión.
En la mañana del viernes, tanto el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado, como el Jefe de la Policía en entrevistas periodísticas, «utilizando un lenguaje propio de la dictadura, no solo mintieron sobre los hechos ocurridos sino que amenazaron con nuevas detenciones a partir del análisis de las bodycam de los efectivos policiales», remarcaron desde las organizaciones.
«Ambos no solo mintieron sobre una supuesta agresión en una marcha totalmente pacífica que estaba llegando a su destino, sino que ocultaron gravísimos hechos como que las detenciones fueron totalmente al azar (desmintiendo una supuesta agresión) realizadas por policías de civil sin ninguna identificación y que tanto Liza como Martín fueron ingresados por la fuerza a la Legislatura, convirtiendo la casa de las leyes en un lugar de detención irregular», añadieron.
Este viernes se realizó una conferencia de prensa en la Legislatura provincial, donde organismos de DDHH y diversas organizaciones políticas, sociales, ambientales y personalidades exigieron la liberación inmediata de Liza Rule y Martín Iglesias, el cierre de las causas contra Mauricio Cornejo y otros luchadores sociales (ocurridas meses atrás), y el fin de la persecución a quienes defienden el agua. Se prevén nuevas convocatorias en la Comisaria 7 y el Polo Judicial para continuar exigiendo la libertad de los detenidos.
Sostienen que lo sucedido en Mendoza marca un punto de inflexión: la represión como política de Estado y el uso de instituciones democráticas —como la Legislatura— para legitimar la violencia y el miedo: “Convertir la defensa del agua en un delito es un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales. Exigimos justicia y libertad para todos los presos por luchar.”
«En Mendoza, el gobernador Cornejo ha detenido personas por manifestarse en defensa del agua frente al avance de la minería contaminante«, denunció Myriam Bregman.
Y contó que entre ellas está Liza Rule Larrea, bailarina de danza clásica que representó La Patria en Vuelo en el Bicentenario.
«Liza, es referente de la lucha por los derechos humanos por su militancia en HIJOS y actualmente en mi partido, el PTS. Fue detenida, golpeada por un comisario vestido de civil y encerrada ilegalmente adentro de la Legislatura Provincial», remarcó.
Y alertó que se trata de «un hecho de gravedad inédita. La trasladaron a una Comisaría donde permanece detenida desde ayer sin tener todavía ninguna imputación de la cual pueda defenderse. Exigimos la inmediata libertad».
El de las últimas horas se trata del segundo operativo represivo en menos de una semana, luego del ataque policial contra trabajadores judiciales en el Nudo Vial. Pero no fueron los únicos este año.
El lunes de febrero, alrededor de las ocho de la mañana, una comitiva de policías detuvo a Mauricio Cornejo, un ambientalista que había participado de las protestas contra la minera San Jorge un mes atrás., dueño de un negocio de productos regionales y referente de los vecinos autoconvocados que protestan contra la instalación del proyecto minero San Jorge PSJ Cobre Mendocino, el mismo que ya había sido rechazado a mediados de 2011 luego de una fuerte resistencia popular.
Cornejo, detenido mientras caminaba en la villa cordillerana, ya se había presentado espontáneamente en la fiscalía días antes, motivado por las versiones que indicaban un supuesto pedido de captura librado con su nombre, luego de los incidentes ocurridos el pasado 24 de enero durante la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
“Ese día, el intendente (en referencia a Francisco Lo Presti) llegó acompañado de una patota de la UOCRA, que agarró a trompadas a un compañero que tenía puesta una remera en contra de la megaminería. Justo ocurrió en la vereda del negocio de Cornejo, que salió con el matafuegos y empezó a tirarle espuma a la patota para que dejen de golpear al compañero. Si no se metía, lo mataban”, explica Silvia Iñiguez, maestra jubilada y miembro de la Asamblea por el Valle de Uspallata.
“Lo detuvieron cuando justo se cumplía un mes y cuando también había una audiencia por otro compañero, que está detenido ilegalmente por los mismos incidentes. Es el único detenido, mientras que los matones de la UOCRA que golpearon salvajemente a los vecinos ni siquiera los llamaron a declarar. Esta detención es parte de una oleada de terror por parte del gobernador contra la gente que no quiere la megaminería”, se lamentó Silvia de la Asamblea de Uspallata.
El detenido quedó imputado por el delito de agrupación para la coerción ideológica del artículo 213 bis del Código Penal.
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