La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) impuso una tibia advertencia a las más de 200 cancelaciones y reprogramaciones de diciembre y enero de la low cost.
Otros organismos provinciales le pusieron otras sanciones más firmes: en julio de 2024 el gobierno de la provincia de Buenos Aires había intimado a la línea ahora propiedad del ex espía Leonardo Scatturice a regularizar su actividad. Ante la persistencia del caos operativo la provincia le aplicó finalmente una multa de 300 millones en enero de 2025. Seis meses después, en julio de 2025, el gobierno de Neuquén, ante la inacción de ANAC y la Subsecretaría de Transporte, también multó a Flybondi con 178 millones de pesos por afectar a 13.000 pasajeros.
“No hay que comprarle más pasajes, por más barata que sea la tarifa, los pasajeros ya saben a qué se exponen”, dijo esta semana en Salta Federico Núñez Burgos, Defensor del Pueblo de esa provincia. Y agregó que haría una presentación pidiendo sanciones económicas.
Puerto Madryn fue otro destino perjudicado por las cancelaciones de Flybondi. Su intendente Gustavo Sastre se quejó porque “hay mucha gente que preparó su viaje, no solamente de esparcimiento y vacaciones, sino que hay quienes tienen turnos otorgados en establecimientos de medicina para poder hacerse distintos estudios en Buenos Aires”. Leticia Benitez, de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de esa ciudad, aclaró: “Desde las agencias de viaje no estamos promocionando la venta de esa línea, continuamos vendiendo Aerolíneas y JetSmart”.
El blindaje mediático de Flybondi empezó a tambalear esta semana cuando se hizo masiva la acumulación de sus pasajeros a los gritos en el hall del Aeroparque Jorge Newbery, que incluyó arremetidas contra sus empleados. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), gremio histórico del sector, denunció las agresiones y ofensas que reciben allí los trabajadores de Flybondi, y censuró la ausencia de la conducción de ATAF (Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi), sindicato del personal que los representa pero no los defiende:
“No estuvo presente en ninguno de los mostradores en los que sus representados eran maltratados por pasajeros que sufrieron cancelaciones. ATAF nunca ejerció la defensa de derechos”.
APA responsabilizó a “Hernán Gomez, Subsecretario de Transporte, por no garantizar la seguridad y el derecho a viajar de los pasajeros, a la ANAC por no ejercer un control efectivo sobre la aerolínea y permitir que se repitan estas situaciones a pesar de reiteradas denuncias”. El pronunciamiento cerró con un reclamo que crece: “Es urgente que se revise la concesión de Flybondi para operar en el país”.
Los “cielos abiertos” de Milei están complicados. Al papelón de Flybondi, empresa que en algún momento pretendía erigirse como el reemplazo de Aerolíneas Argentinas, ahora se agrega el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el pedido de recomposición salarial de los controladores aéreos.
Los operadores aéreos señalan que es un reclamo de meses que viene siendo eludido por EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), y en el que sólo reciben descalificaciones por parte del gobierno, sin ofertas concretas. Vencida la conciliación obligatoria que había impuesto el gobierno, ahora llamó a una audiencia entre las partes que se concretará este viernes 16. EANA dijo que “ratifica su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución”. Pero a continuación el organismo oficial contradijo esa supuesta voluntad de negociar al afirmar que “la posición beligerante de ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño”.
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