El referente del Frente Patria Grande consideró "antinacionales y antipopulares" ambas normas. Y dijo que están redactadas por las corporaciones y coordinadas "por un criminal como Sturzenegger".
El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentó un análisis «artículo por artículo» de las medidas del Gobierno «realizados por los equipos técnicos y legislativos» de la organización política que lidera, Argentina Humana.
«Es una trampa andar negociando artículo por artículo como en un mercado persa cuando asistimos a una estrategia integral de desguace nacional, destrucción ambiental, confiscación de los ingresos y expropiación de los derechos de todos y todas, al servicio de un puñado de corporaciones y el 1% más rico de la sociedad», criticó.
Consideró que el «rechazo a estas medidas antinacionales y antipopulares (DNU y Mega Ley) debe ser total» y destacó que los diputados del Frente Patria Grande que integran Unión por la Patria (UxP), Itai Hagnan y Natalia Zaracho, «vienen impulsando» esa acción «junto a tantos otros» legisladores. Además, criticó que si Milei «quiere que se aprueben sus proyectos de ley» debe mandar «un proyecto por cada tema como corresponde».
Y advirtió que «no se pueden aceptar ni decretazos monárquicos ni leyes-ensalada, redactados en los bufetes legales de las grandes corporaciones coordinados por un criminal como (el asesor presidencial, Federico) Sturzenegger», a quien responsabilizó de llevar a Argentina «a otro 2001».
Sobre el DNU y el proyecto de ley remarcó la importancia de «comprender cada parte» como así también de «comprender el todo» y señaló que existen «artículos que son más perjudiciales que otros, desde la visión de cada sector».
En cuanto a los barrios populares, tildó de «cinismo atroz» la propuesta de retirar «todo el financiamiento para obras de integración socio-urbana proveniente del aporte específico del Impuesto País» y su reemplazo con la «recaudación de las multas contra organizaciones sociales por protestas callejeras».
«Otros artículos perjudican a trabajadores de la economía popular, asalariados del sector privado, empleados públicos, jubilados, clubes deportivos, provincias mineras, vitivinícolas, ganaderas o petroleras, usuarios de prepagas, padres de niños que asisten a escuelas privadas, pescadores, campesinos, pueblos originarios, empresarios PyME, farmacéuticos, artistas, bibliotecarios, etc», enumeró.
Alertó que «otros atentan en general contra la independencia económica, mediante la habilitación de endeudamiento permanente y arbitrario; la seguridad nacional, con la atribución presidencial de permitir el ingreso de tropas; el orden republicano, con la delegación masiva de facultades; el ecosistema, con la desprotección de bosques, humedales, glaciares; etc».
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