Guernica y la justicia

El jueves pasado cuando asomaba el alba un ejército de más de cuatro mil efectivos integrantes de distintas divisiones de la Policía Bonaerense desalojó violentamente a miles de personas que aspiraban a un techo para vivir en la localidad de Guernica. El teniente coronel retirado Sergio Berni estaba al mando de las fuerzas represivas, supervisado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. El funcionario judicial se sacó una selfie en el terreno, con el escenario de guerra de fondo, para ostentar el “triunfo” por haber alcanzado su objetivo de expulsar a miles de pobres del predio. El ministro de Seguridad del gobernador Axel Kicillof subió un spot de proselitismo electoral –horas después de los acontecimientos– cuando todavía se estaba atendiendo a los heridos y no se había liberado aún a los detenidos. El spot destacaba que mientras él sea ministro el derecho a la propiedad privada estará garantizado. Volvió al centro de la escena un Berni clásico, el que tiene un valor inversamente proporcional al poder que enfrenta: es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esta vez mostró una verborragia y ferocidad de la que careció cuando los policías bonaerenses protagonizaron el motín en aquellos tres días que silenciaron a Berni.

La narrativa que intentaron desplegar varios funcionarios para licuar la responsabilidad política del gobernador bonaerense y el Gobierno nacional fue que se cumplió una orden de la “justicia”. Como si esa casta privilegiada que lleva el título de Poder Judicial en este país impartiera algo parecido a la “justicia”.

Pero ese relato no se sostiene ni en sus propios términos, y podemos dar dos ejemplos directamente vinculados con la cuestión de la tierra.

El primero, y relacionado estrechamente con la causa, es que el fiscal Condomí Alcorta debió haber sido apartado porque en sus presentaciones judiciales desconoció en forma inaudita los derechos de niños y niñas consagrados en la Constitución. Además, tuvo consideraciones estigmatizantes; utilizó palabras y estereotipos discriminatorios; faltó a la verdad, los principios y deberes de objetividad, imparcialidad, igualdad, no arbitrariedad, prudencia, dignidad e integridad, profesionalismo, buena fe y diligencia. Así lo denunciaron –y con razón– las abogadas que representaban a niños y niñas que integraban familias de la toma. Estaban en lo cierto porque el hombre de la selfie había afirmado que los padres “sometían” a sus hijos a vivir en carpas precarias y que habían “optado” por tenerlos alojados en esas condiciones. También mintió sobre presuntos enfrentamientos entre los ocupantes, cuando en los hechos hubo ataques de patotas que intentaron amedrentarlos. La “justicia” no consideró que había argumentos suficientes para desplazar a uno de sus hijos pródigos.

Por otro lado, tampoco hubo ejércitos de policías y topadoras que fueran contra los sectores sociales más acomodados que estafan al Estado mediante el método de subdeclaración fiscal de la tierra que poseen en countries, barrios cerrados y clubes de campo. Esos que ocultan patrimonios porque sus lujosos predios en la provincia de Buenos Aires figuran como terrenos baldíos o tierras rurales. De esta manera pagan una porción mínima de los tributos correspondientes, como recordó recientemente el periodista David Cufré (Página 12, 05/09). La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) estimó que en 2018 la provincia se privó de recaudar al menos 2000 millones de pesos por el ocultamiento fiscal en los barrios cerrados. Se detectó que unos cien mil lotes y unas cincuenta mil viviendas terminadas en estos emprendimientos privados pagan menos impuestos de los que deberían. Urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace años y continúan figurando como terrenos rurales o baldíos, con demoras en las gestiones de escrituración, maniobras dilatorias de los desarrolladores y utilización de figuras como fideicomisos que entorpecen la identificación de los contribuyentes obligados. La “justicia” se declara ciega, sorda y muda ante estas ilegalidades porque todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros.

Por lo tanto, deslindar responsabilidades para descargarlas sobre la “justicia” es una burda maniobra que no resiste un archivo. La represión en Guernica fue una decisión política para apoyar una resolución política de un Poder Judicial clasista. Con Sergio Berni a la cabeza, que actuó en tándem con el fiscal y con el acompañamiento de los representantes de Clarín (a los que trasladó en su helicóptero hasta el lugar de los hechos), el medio fue el mensaje. Va a ser muy difícil volver a desplegar credenciales progresistas sin que aceche como un fantasma la sombra terrible de Guernica.