Gustavo Palmieri: «En los barrios se multiplicó el hostigamiento policial»

El presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, jugaron al límite. A la par de los magros resultados económicos de la gestión de Cambiemos, el gobierno profundizó un discurso que exacerbó la xenofobia y la violencia. Precisamente, para analizar hasta qué punto ese polémico mensaje penetró en las fuerzas de seguridad y en la sociedad, Tiempo diálogo con el abogado Gustavo Palmieri, exsecretario de Coordinación de la exministra de Seguridad Nilda Garré e integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Entre otras consideraciones, el especialista explicó cómo las instituciones neutralizaron esas cuestionadas políticas de Estado, aunque reconoció que se profundizó el hostigamiento policial en los sectores populares.

–¿Qué consecuencias tiene la política de mano dura y el apoyo incondicional de Bullrich hacia las fuerzas de seguridad?

–Creo que cierto nivel de profesionalismo tiene que haber en las fuerzas para que esos discursos hoy no tengan el mismo efecto que en la época de (Carlos) Ruckauf. El caso Nahuel es un ejemplo de que matar no es gratuito. Más allá de en qué lugar se ponga la ministra, incluso creyendo que esa postura le dará apoyo popular, hoy eso no está consolidado. La ministra no fue a ninguna lista de legisladores ni como candidata a vicepresidenta, tal como se había instalado.

–Pero la crisis económica pronunció esta postura intransigente…

–Crisis económica más fuerte que la de Ruckauf en la provincia no hubo. La situación se traducía rápidamente en inseguridad. Ruckauf sí ganó con ese discurso y se generó una alianza entre seguridad privada y policías que salían a cazar pibes. En esta etapa el sistema institucional, no sólo las fuerzas de seguridad, no absorbió ese mensaje tan marcadamente. El Caso Chocobar, a pesar del apoyo explícito del presidente, sigue elevado a juicio.

–Es un gobierno que se jacta de haber cambiado el paradigma víctima-victimario.

–Pero no se les creyó. Así como intentaron instalar la cuestión de la verdad completa frente a los juicios de lesa humanidad. Los sectores sociales no salieron a reivindicar a la dictadura. Tuvieron todas las intenciones de generar fuerzas creíbles que asustaran a los ciudadanos y a los jueces. El problema es que los siguieron sacando a piedrazos de los barrios y los jueces continuaron aplicando condenas. Las veces que la ministra protegió e intentó encubrir excesos, los agentes fueron procesados y condenados, como cuando Prefectura torturó a los chicos en la Villa 21.

–¿Cuáles fueron los mensajes que el sistema sí absorbió?

–El discurso que sí prendió es que la policía abusó al extremo de las detenciones arbitrarias. Se llevan a cualquier persona por cualquier pelotudez y los jueces lo avalan. En los barrios el hostigamiento se multiplicó. Te inventan una historia y el juez te mantiene preso por las dudas. El control no es tanto a los tiros, sino con detenciones sin criterio. Antes, la Justicia no le daba lugar a esto, pero ahora sí. Y a la policía le encanta llevar por llevar. Si el efectivo se equivoca, el juez libera a la persona y no hay sanción por ese error.

–Eso generó comisarías y cárceles saturadas…

–Se aceptó que haya muchísima gente presa que seguramente no debería estarlo. Ese discurso sí avanzó y caló hondo. Ningún juez soltó a nadie. Las consecuencias se ven en los barrios, donde con la excusa de la lucha contra el narcotráfico se llevan a familias enteras presas: desde la abuela hasta el nieto.

–La modificación de la Ley de Ejecución Penal fue clave.

–También se empezó a arrastrar el efecto de las leyes Blumberg y estas modificaciones que tornaron a las salidas anticipadas imposibles. Las provincias lo replicaron y además se sumaron las condenas por flagrancia que son procesos rápidos y de cumplimiento efectivo. Entonces, en las cárceles tenés gente con penas de tres meses en el mismo lugar donde está un condenado por delitos violentos, o gente que no pasó por el juzgado a firmar un papel.

–La idea instalada de que el kirchnerismo fue garantista dio pie a esta avanzada… ¿cómo se resuelve esta situación sin entrar en esa grieta?

–El lugar de la Justicia en esto es muy importante. Hay que empezar a ver las consecuencias en términos sociales que tienen los niveles de encarcelamiento que tenemos. Habría que limitar el uso de las prisiones por hechos leves o no violentos. Cuánto se va a poder mejorar, no sé… Está bien seguir con la flagrancia, pero que estos detenidos estén en un lugar diferente. No los mezcles con los otros presos.

–¿Cuál es el riesgo?

–Se genera lo que pasa en muchos países, cuyos efectos ya se están viendo: la cantidad de presos por familia en algunos barrios populares son tan altos que empezamos a tener un detenido cada dos núcleos familiares. Es muy fuerte el impacto. Cómo se construye autoridad cuando el tipo vuelve al barrio y trae esa cultura tumbera, que tendrá sus códigos, pero están vinculados a niveles grandes de violencia, exclusión y machismo. La cárcel no puede ser el lugar de resocialización de los sectores populares.

–¿Cómo se revierte esta problemática?

–No es la política de seguridad la que ordena un gobierno de corte popular, son las políticas sociales las que ordenan las políticas de seguridad. De alguna manera, son las políticas de inclusión los ordenadores. «

El peligroso vínculo con la DEA

Gustavo Palmieri, miembro del Cels y docente de la UNLa, considera que el desafío de un eventual cambio gobierno es cómo se posicionará ante «los sectores de inteligencia, seguridad, la Justicia y la DEA».

«Estas relaciones se expresaron en el sur, cuando la Justicia federal trabajó de manera coordinada con las fuerzas federales de acuerdo a la información suministrada por inteligencia, que terminó en el Caso Maldonado», resume .

«Este gobierno exprimió todo lo que pudo la cuestión del terrorismo y del supuesto narcoterrorismo», señala Palmieri, quien concluye: «Antes se soportaba que la DEA mantuviera en Argentina a ciertos personajes latinoamericanos arrepentidos del narcotráfico, pero no permitía la relación de las fuerzas directamente con la DEA. Ni se promovía. Como tampoco que fueran solos a entrenarse. Este gobierno habilitó todo eso».