Participará del encuentro de líderes de finanzas del G-20. Aprovechará para hablar con Kristalina Georgieva sobre la firma de un nuevo acuerdo.
La agenda incluye, entre otros temas, las discusiones preliminares para la implementación de un impuesto a las empresas multinacionales, que es impulsado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la asignación de nuevos derechos especiales de giro (DEG) por parte del Fondo Monetario Internacional entre todos sus países miembros, en proporción al capital integrado por cada uno en la entidad.
Además de las cuestiones formales, Guzmán va con una misión puntual: reunirse con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, y con Julie Kozack y Luis Cubeddu, los negociadores del Fondo con Argentina. Lo que está en danza es la renegociación de la deuda pendiente del stand by acordado durante la presidencia de Mauricio Macri. El cronograma indica que el país debería empezar a cancelar esos saldos dentro de apenas dos meses, en septiembre.
En un acto realizado el martes en el astillero Tandanor (que culminó la reparación de una corbeta de la Armada como señal de recuperación de su capacidad productiva), el titular del Palacio de Hacienda anticipó que sostendrá “reuniones técnicas” con los delegados del FMI que buscarán resolver “el enorme problema de las políticas de Juntos por el Cambio que le generaron a Argentina, como el préstamo histórico de U$S 45.000 millones desembolsados”.
Más allá de las cuestiones técnicas que abordarán Kozack y Cubeddu con los funcionarios que acompañarán a Guzmán, el ministro abordará temas más políticos con Georgieva. En particular, buscará confirmaciones sobre si los DEG estarán disponibles en agosto (a la Argentina le tocarían U$S 4.350 millones) y si se habilitará algún mecanismo para que los países se puedan prestar libremente esos fondos. Si obtiene esas seguridades, el gobierno deberá tomar una determinación: arreglar ahora un nuevo programa financiero que permita pagar el ya vigente o demorar la firma hasta después de las elecciones, usando los DEG para abonar la primera cuota de septiembre.
En Washington creen que la pelota está en campo argentino. Ya está tomada la decisión política de aceptar una refinanciación de la deuda (en realidad, otorgar un nuevo préstamo cuyos desembolsos coincidan con los vencimientos a pagar) que tendrá la forma de un acuerdo de facilidades extendidas, a diez años de plazo y con un período de cuatro años y medio hasta que comience la amortización de capital. También se avendrán a que las reformas estructurales que se suelen exigir al otorgar estas líneas de crédito serán laxas. En última instancia, el Fondo también está interesado en dar vuelta la página y dejar atrás de una vez todos los errores que cometió en el stand by de 2018.
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