“Lo que funciona se interviene”, parecería ser la condición por la cual el gobierno porteño lleva adelante diferentes acciones administrativas en algunas cooperadoras de escuelas porteñas que hacen lo imposible para defender la educación pública de la Ciudad.

En 2020, Tiempo realizó un informe sobre las intervenciones a cooperadoras escolares que el macrismo realizó durante sus gobiernos. El objetivo fue disciplinar a esas cooperadoras que tenían vuelo propio y eran un modelo de gestión para otras escuelas. Quizá la más recordada fue la intervención de la escuela Álvarez Thomas que también administra su propio comedor y cuya intervención por parte del gobierno duró 15 meses, pero otras intervenciones llevan más de 10 años. Es el caso de la Escuela Nº 2 República de Panamá y del Jardín de Infantes JIN B Juana Azurduy.

Eran los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri como intendente porteño. El rostro de Horacio Rodríguez Larreta comenzaba a tomar notoriedad como candidato a jefe de Gobierno. En el medio la campaña, proyectos de Ley que el oficialismo aprobaba a las apuradas y decisiones políticas extremas con las cuales Macri se despedía de la Ciudad. En ese contexto, el Ejecutivo porteño intervino la cooperadora que, hasta ese momento, administraba su propio comedor escolar

En un principio el objetivo de la intervención fue administrar los medios para que la cooperadora siguiera funcionando, pero esto nunca sucedió.

“Fue intervenida porque encontraron una irregularidad en la administración de los fondos y lo que hicieron fue sacarle la concesión del comedor escolar, que es lo que mayor fuente de ingresos le daba a la cooperadora. Pero mantuvieron las deudas que la cooperadora tenía en ese momento con los proveedores y esto después se tradujo en juicios de los proveedores”, contó María Eugenia, integrante de la comunidad educativa.

Al dejar a la cooperadora sin ingresos suficientes, la asociación no pudo hacerse cargo del pago de los juicios. Las deudas fueron creciendo y los montos se hicieron impagables.

“Nos dejaron atados de pies y manos. La finalidad de la cooperadora justamente es arbitrar los medios para que a la escuela no le falte nada, como por ejemplo: insumos en materiales didácticos, elementos de limpieza, equipamiento como pupitres, etc.” explica María Eugenia.

Al intervenir la cooperadora, el gobierno echó a todo el personal, y le quitaron el FUDE, un subsidio anual para poder solventar gastos directos de insumos y materiales necesarios para la Escuela. Pero lo más preocupante es que dejó que las deudas se incrementen y, hasta la fecha, se niega a pagarlas.

El reclamo de las familias

Mediante diferentes acciones que llevaron adelante en todos estos años, las familias que integran la comunidad educativa de las escuelas, confeccionaron un comunicado donde instan “al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Educación impulsar resolución a través de la cual se propicia la creación de un fondo, con carácter específico y excepcional, que tenga por objeto exclusivo hacer frente a diversas deudas judiciales y administrativas de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 2 «República de Panamá» del Distrito Escolar N° 16”, detalla el documento

En el mismo sentido, realizan un llamado a toda la comunidad para que participen activamente en este reclamo. Ya sea, divulgando este tema por redes y otros medios; y participando de los abrazos a la escuela y movilizaciones previamente anunciadas.

Otro caso idéntico

En septiembre de 2020, sin mediar palabra, el gobierno porteño decidió intervenir la cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas y suspender cada uno de esos proyectos. Desde las familias, aseguran que la persecución de la por entonces ministra de Educación, Soledad Acuña, y del ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, comenzó a fines de 2017, cuando Acuña decidió el recorte del Plan Natación para los estudiantes, en la pileta que la cooperadora construyó con fondos propios a principios de los años ‘70.

En aquella ocasión, las familias se movilizaron y judicializaron la causa. Finalmente, la decisión de la ministra fue revertida por un fallo favorable a la cooperadora en primera instancia y más tarde ratificado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones. Como es costumbre de las autoridades porteñas, la funcionaria se negó a cumplir el fallo. Semanas después, Acuña decretó la intervención de la cooperadora.

El argumento principal para llevar adelante esa medida fue que los honorarios pagados a una abogada por el litigio que mantenía con el Gobierno de la Ciudad, fueron abonados con dinero de la cooperadora. La cooperadora del Álvarez Thomas también gestiona su propio comedor, y el gobierno porteño intentó privatizarlo.

La lucha de las familias de la comunidad educativa, provocó que, 15 meses después de la intervención, el gobierno devuelva la cooperadora a las familias.