Las actuales políticas públicas tienen como consecuencia no sólo la persecución del consumidor, sino también la sobrecarga del sistema penal de causas menores de la Ley de Drogas como, por ejemplo, la tenencia simple o con fines de comercialización. En promedio, las penas que se aplican son de cuatro años, confirmando que se trata de figuras menores. Así se pone en marcha un sistema que demanda demasiados recursos y que termina siendo ineficaz.
La intensificación de la represión no tiene un efecto en la reducción de la disponibilidad ni del consumo. Está probado. Lo dicen todos los informes de las Naciones Unidas, y lo demuestra la experiencia en la Argentina: cada vez se incauta más droga y se detiene a más gente, pero el consumo sigue creciendo.
El reclamo es, como primer paso, modificar la actual ley de drogas para despenalizar la tenencia para consumo personal, y empezar a pensar en alternativas regulatorias con mucha responsabilidad, que no sea sólo voluntarismo.
Son muchos años de esta estrategia que no logra reducir ni mermar el problema. Hay que pensar otro tipo de regulación en que el Estado pueda estar realmente presente. «
*Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
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