«Hemos roto el pacto de impunidad y silencio que rodeaba al caso Ayotzinapa»

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre tiene una verdad. Su voz fue callada hace casi seis años, cuando junto con otros 42 jóvenes estudiantes del colegio normal de Ayotzinapa, México, fue desaparecido y convertido en mártir. Sin embargo, este joven que hoy rondaría los 25 años y cuyos restos fueron identificados recientemente, trae una verdad dolorosa que puede contribuir al esclarecimiento de una de las masacres más graves del país. Verdad que pone en jaque a la llamada “verdad histórica” que se intentó imponer oficialmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la Fiscalía General de entonces. Con la nueva línea investigativa, el impulso de la Comisión de la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y las nuevas pruebas, «se ha roto el pacto de impunidad y silencio que rodeaba al caso Ayotzinapa”, aseguró el jefe de la investigación de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo.

Aquella cuestionada versión de los hechos fue construida con testigos coaccionados, hipótesis dudosas y un perfil poco claro de los jóvenes estudiantes y sus intenciones.

Los restos de Christian Rodríguez Telumbre fueron confirmados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que actúa como perito de los familiares. Habían sido hallados en un rastrillaje hecho en noviembre pasado en la barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, donde supuestamente los miembros del cártel Guerreros Unidos habían incinerado los 43 cuerpos. El hallazgo se conoció una semana después de que el nuevo fiscal general, Alejandro Gertz, desestimara esa «verdad histórica», según la cual el hecho ocurrido en el estado de Guerrero fue responsabilidad exclusiva de narcotraficantes.

AMLO también se diferenció de su antecesor al reunirse con los familiares y comprometerse al esclarecimiento. El viernes volvió a hacerlo, pocas horas después de su encuentro histórico con el presidente de EE UU, Donald Trump. Fue un encuentro discreto y privado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional de México. “Todos los elementos en los que estaba sustentada la verdad histórica se han ido cayendo por la irregularidad e ilegalidad con que se manejó el caso y que ha llevado a perder en todas y cada una de las judicializaciones que se hicieron”, afirmó el fiscal Gertz al diario La Jornada. “Lo que buscamos es recuperar la credibilidad en las investigaciones y conocer el destino los jóvenes. Es el fondo y lo que realmente interesa”, dijo.

Además del EAAF, en los análisis intervienen también expertos de la Universidad de Innsbruck, de Austria. Con respecto al nuevo hallazgo, Mercedes Doretti, miembro fundadora y directora para Centro y Norteamérica del EAAF aclaró que “la nueva identificación ocurre casi seis años después de la primera. En aquella lo único que podíamos decir era que la investigación era correcta, pero plagada de irregularidades: cómo se habían encontrado esos restos, de dónde venían”. Señaló que “esta identificación se enmarca dentro de una investigación muy distinta con un fiscal que ha despertado la confianza de los familiares, de las organizaciones legales que los representan, también de nosotros”. Y explicó: “En esta ocasión los restos no fueron encontrados en el basurero de Cocula, como sostenía la versión oficial de 2014. Esto es otro lugar, con otras circunstancias completamente diferentes en cuanto a la depositación de restos, en superficie, no enterrados, pero sí lamentablemente todos severamente fragmentados, fragmentos muy chicos desparramados en un radio de 200 metros, la mayoría mostrando signos de haber sido expuestos a altas temperaturas”.

“No es lo mismo que a una persona la maten en un baño que una cocina, porque puede cambiar todo el eje de la investigación”, comentó la periodista mexicana Patricia Sotelo, reflejando el debate que generó este hallazgo. “Te vuelves a preguntar qué pasó con los estudiantes, si a unos los mataron en un lado y a otros en otro. Los demás dónde están. Todavía falta construir esa parte. Ahora tocará a las nuevas autoridades construir esa nueva verdad que se requiere”, dijo a Tiempo en conversación telefónica. Sotelo participó de un libro que recoge las historias de vida de los 43 estudiantes y por sorteo había sido designada para elaborar el perfil de Christian Rodríguez Telumbre (ver aparte), cuya muerte se confirma ahora.

Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero. Un grupo de 90 alumnos de la Escuela Normal Rural se dirigieron a Iguala con la idea de contratar micros con destino a Ciudad de México, para participar en unas marchas estudiantiles, paradójicamente en honor a otros jóvenes masacrados en 1968, según relató años después Omar García Velásquez, compañero de los 43, que se había quedado en la escuela. Durante mucho tiempo se sostuvo que la intención era boicotear un acto de la esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

«A las 9 de la noche me llamaron, diciendo que la policía los estaba atacando y que había un muerto», contó García Velásquez a BBC Mundo. Esta detención habría sido realizada por agentes de la policía de Iguala y Cocula, al servicio de Guerreros Unidos. La versión de la administración pasada sostenía que después de eso, GU había hecho desaparecer a los estudiantes tras confundirlos con integrantes de un cártel rival.

El fiscal Gertz afirmó que ya se hizo una nueva reconstrucción de lo sucedido en septiembre de 2014 y se cuenta “con nuevos elementos sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes, adónde los escondieron, quiénes los torturaron y lo que siguió con ellos”.

La Justicia mexicana fue señalada por irregularidades en el caso. Las principales responsabilidades recaen sobre Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y el exprocurador Jesús Murillo Karam. A medida que avanza la pesquisa se va revelando una trama de corrupción y complicidad con los narcos.