Hidrovía: con el llamado a una nueva licitación, el Gobierno busca marcarle la cancha a Macri y dejarlo afuera del negocio

Por: Tatiana Scorciapino

La gestión de Javier Milei confeccionará un nuevo pliego que tenga la conformidad de todos los actores del sector. El proceso, que estará auditado por un organismo de la ONU, ya despierta resquemor entre los colaboradores del ex presidente. Los antecedentes judiciales que involucran a un poderoso estudio de abogados y a la Sociedad Rural.

Después de una enmarañada primera experiencia, el gobierno anticipó que hará un nuevo llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía, el negocio multimillonario que conglomera el 80% de las exportaciones del país. Este segundo intento llega luego de la súbita cancelación del primer pliego que, judicialización mediante, recibió insistentes cuestionamientos del ex presidente Mauricio Macri, sectores ligados a la Sociedad Rural (SRA) y poderosos estudios de abogados. Con el envalentonamiento del año electoral, el oficialismo espera anotarse un triunfo con la semi-privatización de la vía navegable que comparten otros cuatro países de la región.

El fracaso que significó el primer proceso licitatorio fue un golpe duro para el oficialismo. La imposibilidad de domesticar a las fuerzas del círculo rojo y el establishment nacional, que desde hace décadas tiene el foco puesto en el negocio conducido desde 1996 por la empresa Jan De Nul, desencadenó en la decisión del propio Javier Milei de involucrarse en el caso. Tal es así, que el presidente instruyó al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, a que cierre un proceso de auditorías externas con la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de la ONU (UNCTAD) para evitar nuevos cuestionamientos. 

En rigor, el acuerdo entre la entidad internacional y el estado argentino ya había sido firmado durante la gestión de Cambiemos, cuando Guillermo Dietrich estaba al frente de la cartera de Transporte, pero nunca se había puesto en marcha hasta ahora. Con los antecedentes del caso, el presidente buscó asegurarse el tiro y solicitó de manera punzante a sus colaboradores que se minimicen los riesgos.

Durante su gestión, Guillermo Dietrich firmó un convenio para auditar la licitación de la Hidrovía.

La novedad llamó la atención entre importantes agentes del mundillo. No son pocos los que cuestionan la fidelidad de esta auditoría y hasta hablan de un nuevo “bicicleteo” del oficialismo para compartir el negocio multimillonario. “Es todo un verso. Si haces las cosas bien no necesitas que nadie te audite ningún proceso”, dijo a Tiempo una voz al tanto de los conflictos entre el empresariado y el gobierno nacional. “Si hacen un buen pliego, no necesitan que nadie los examine”, insistió.

Cerca del presidente recogieron el guante y advirtieron que hay espacios que insisten con reclamos infundados sólo porque aspiran a que el oficialismo “beneficie a ciertos sectores” que en Casa Rosada no tienen intención alguna de ayudar. “Confiamos en nuestro proceso, por eso le pedimos a la entidad más imparcial y objetiva que nos audite. El que tenga ganas de hacer daño siempre va a buscar la forma de hacerlo, incluso si el pliego es el más transparente”, decretaron desde la AGP. Pese a no utilizar nombres propios, en el gobierno están convencidos que el titular del PRO y sus laderos fueron los autores materiales del boicot empresario-judicial que atravesó la gestión libertaria este verano.

Desde hace tiempo, Macri trabaja abiertamente para que la empresa Boskalis Dredging International –cuya principal accionista es su amiga la reina Máxima Zorreguieta– logre hacerse cargo del control de la Hidrovía. Meses atrás, cuando la tensión entre libertarios y macristas no estaba en su punto cúlmine, en el oficialismo se anoticiaron que el ex presidente instruyó a sus colaboradores a iniciar un raid mediático para boicotear el pliego. El movimiento del bostero enfureció a su enemigo íntimo, Santiago Caputo, quien se puso como meta coartar los caprichos del calabrés. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la Hidrovía”, rezó por entonces un posteo de Las Fuerzas del Cielo.

Para evitar una nueva ronda de cuestionamientos, y cumplir con lo requerido con Milei, la ANPYN inició un circuito de diálogos entre todos los sectores involucrados, con el objetivo de escuchar las demandas de cada área. En esta línea, el próximo 23 de julio se llevará a cabo una nueva reunión en la que la ANPYN recibirá a todas las partes interesadas para encontrar un lineamiento común que les permita avanzar en línea recta con el pliego. 

El encuentro tendrá lugar en Entre Ríos y conglomerará a empresarios, referentes de la entidades que regulan el comercio, técnicos, universidades y ambientalistas que discutirán, en una misma mesa, todos los ejes que aborda el negocio. Esta será la tercera cumbre de este estilo -las otras dos se desarrollaron en Santa Fe y Buenos Aires-, una decisión que busca evitar replicar los sobresaltos que abundaron durante el primer proceso licitatorio. Incluso, el oficialismo logró que un importantísimo técnico que formó parte de las filas del PRO colabore con las especificidades del pliego. Una instancia que los podrá salvaguardar en caso que no todo marche acorde al plan.

La avanzada de la Sociedad Rural y Macri contra Milei por la Hidrovía

Pese a no esconder su enemistad, dentro de Casa Rosada afirman que Macri no fue el único que intentó despacharse. Según creen, otro de los autores de las operaciones empresariales fue un caudaloso sector económico ligado a la poderosa Sociedad Rural y su conductor, Nicolás Pino que, siempre en perspectiva libertaria, trabajó para imponer a su preferido.

Asesorado por el estudio Marval, O’Farrell & Mairal, en compañía secreta del estudio Cassagne, la empresa belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), otra de las interesadas en quedarse con la concesión del negocio, presentó en enero una medida cautelar en la justicia con la que buscó suspender el proceso licitatorio previsto para el 12 de febrero pasado y finalmente cancelado por el propio oficialismo.

Si bien aquel escrito fue rechazado pocas semanas después por el juez Enrique Lavié Pico, el movimiento de la empresa expuso, además del vínculo con el poderoso bufete de abogados, el apoyo de Pieter Jan De Nul -el hijo expulsado del dueño de la empresa que actualmente tiene el control de la Hidrovía- y Ezequiel Cassagne, dueño del estudio homónimo, representante legal de la SRA desde el 2008 y de la familia Macri en la causa Correo.

Ambos colaboraron en la redacción de aquella avanzada judicial que por esos días dentro del gobierno llegaron a calificar como “golpista”. El belga y el abogado comparten, también, la fascinación por el campo. Ambos son dueños de un esplendoroso toro multipremiado durante la última edición de la feria anual que se lleva adelante en el campo de Palermo.

Con todo este precedente, en el gobierno buscarán coartar toda posibilidad de daño interno y externo. Por eso no sólo convocaron a la SRA a las mesas de diálogo que se vienen llevando adelante desde hace varias semanas, sino que además buscarán poner en valor los pedidos de cada uno de los sectores involucrados en el negocio, incluidos los estados provinciales que atraviesa la vía navegable.

El llamado a licitación, además, se hará luego de las elecciones nacionales de octubre en las que el oficialismo aspira a dar una buena performance que le permita no sólo encarar la segunda parte de la gestión mileísta con mayor sustento legislativo. También con un fuerte apoyo popular que condicione toda acción independentista judicial.

En tanto, la posibilidad de que Jan de Nul siga siendo dueña de la concesión hermanó a las cámaras del sector, que en los próximos días presentarán un comunicado conjunto en el que abogarán por un proceso dinámico y sin contratiempos oportunistas. El mismo llevará la firma de la Cámara de Comercio de Rosario; la Cámara de Puertos Privados Comerciales; entre otras entidades empresariales que se mostraron dispuestos a colaborar.

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