Oposición al acuerdo que impulsó el Ministerio de Transporte. La concesionaria belga Jan De Nul quiere despegarse de su socio local. Presiones para la estatización.
En el camino, el Ministerio de Transporte incluyó a la OCDE entre los veedores del proceso de licitación que sucederá a la actual gestión, algo que cayó muy mal entre algunas de las fuerzas que integran el Frente de Todos y que abogan por la estatización de la gestión de los canales que corren por los lechos de los ríos Paraná y De la Plata. Casi en simultáneo, avanzó la idea de hacer una comisión bicameral de control que ya fue aprobada en el Senado y ahora está para debate en Diputados.
La conclusión, al menos por ahora, es que la nueva licitación llevará plazos prolongados de preparación y concreción –algunos los estiman en un año– y que por ello la actual concesión deberá ser prorrogada, algo que provoca rechazo en muchos oficialistas. Sin embargo, en algunos pasillos oficiales se habla de un equipo de técnicos que se está preparando para asumir la gestión hasta la nueva licitación en una virtual estatización de la gestión de la hidrovía, aunque sería solo por ese lapso.
Buscando respuestas
La movida del Ministerio de Transporte, que dirige Mario Meoni, de involucrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene un costado concreto: ese organismo, que impulsa la actividad privada y la liberalización de la economía como ejes articuladores del desarrollo económico y social, y que suele ejecutar un fuerte lobby, podrá «analizar» todo lo concerniente a la nueva licitación, desde la confección de los pliegos y condiciones hasta los antecedentes de los oferentes. Y luego de esos análisis podrá volcar «informes» con su posición en cada asunto. Incluso, la OCDE podrá opinar sobre «las medidas para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas durante la ejecución de la infraestructura».
En medios oficiales no había acuerdo de cómo se gestó ese acuerdo. En algunas oficinas se asegura que esa iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Alberto Fernández, para quien ese guiño hacia la organización que representa los intereses de los países más poderosos es una manera de buscar un acercamiento en un momento de dificultades económicas del gobierno.
Pero también dentro del gobierno hay opositores, en la medida en que sus miras tienen la perspectiva de una gestión estatal permanente. Es el caso, por ejemplo, de un grupo que anima el director del Banco Nación y exdiputado nacional Claudio Lozano quien, junto con un grupo de representantes políticos y sindicales, emitió un comunicado con ese ángulo y en contra de la inclusión de la OCDE y de la prórroga de la concesión. Incluso, los firmantes hicieron un ejercicio en el cual pusieron de relieve que una empresa estatal de dragado conllevaría una inversión que se recuperaría en tan solo ocho meses, dados los niveles actuales de ingresos por peaje.
La concesionaria Hidrovía SA, compuesta por la nacional Emepa y la belga Jan De Nul, tiene una larga lista de incumplimientos, incluidos los ambientales, que fueron pasados de largo por todos los gobiernos desde 1996, cuando ganó la licitación. La compañía belga ha estado haciendo lobby para divorciarse de Emepa y quedar con otro nacional en una nueva concesión. La comisión bicameral que ya aprobó el Senado apunta en el sentido contrario. Los próximos diez días serán intensos en las decisiones sobre el futuro de esta vía. «
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