El Gobierno mandó la ley Hojarasca al Congreso nacional: en qué consiste

Tras el aval del veto al financiamiento universitario la semana pasada en la Cámara de Diputados, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca que tiene como objetivo eliminar 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX, principalmente.

Entre los fundamentos, la Casa Rosada sostiene que hay que “derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales”. Impulsado, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el proyecto de ley promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país.

Asimismo, parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas, elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.

Fundamentos de la Ley Hojarasca

Entre sus fundamentos, el proyecto señala: “Este sistema enfrenta hoy un permanente cuestionamiento, desafía a quienes han asumido las responsabilidades políticas y los compele en la tarea de relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos”.

” Como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”, sostiene.

Además, critica que “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.

Por otro lado, el proyecto, expresa que “debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control. En este traspasamiento de criterios tampoco faltaron normas dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía”. Asimismo, se resalta que muchas de las normas que se proponen derogar provienen de una “concepción militar”, que encuentra en “la sobrerregulación un orden que se busca como fin en sí mismo, aun cuando ello implica destruir la libertad, la actividad económica e incluso la vida misma”.

Sucede que en su mayoría fueron sancionadas durante gobiernos militares como el de Agustín Lanusse, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Edelmiro Farrell y José Uriburu. Pero también hay normativas creadas durante gestiones democráticas como la de Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Arturo Illía, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.

Claves para derogar leyes

Según el Ejecutivo hay seis claves para avanzar en la eliminación de las normar planteadas. La primera es que “las leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. Así, por ejemplo, no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación”.

En tanto, sostienen que “las leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. Una de ellas es la ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales. Otras resultan ridículas vistas desde hoy, cómo utilizar la microfilmación para guardar documentos gubernamentales”.

También, el gobierno de Javier Milei se refiere a que las normas limitan la libertad individual y da como ejemplo, a la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados resulta una aberración frente a la Constitución Nacional. “Aún continúa vigente una ley sancionada en 1951, que impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado, cuya única finalidad fue perseguir opositores, incluidos quienes hayan denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestro país ante organismos internacionales”, dicen desde La Rosada.

Asimismo, hacen referencia a que son leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización, eliminando organismos y normas sobre regulatorias. Así como también, que hay normas que “ya no tienen razón de ser”, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos.