Huelga de hambre contra la aplicación del nuevo sistema para presos «alto riesgo» de Bullrich

Presos alojados en el módulo VI, pabellón “C”, del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza permanecen en huelga de hambre hace casi dos semanas. Y presentaron un habeas corpus colectivo ante el Juzgado Federal de turno en Lomas de Zamora. El detonante de la medida adoptada por los presos fue la aplicación del Sistema Integral de Gestión Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

Es una de las medidas que implementó la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es parte de las tantas reformas viene haciendo el oficialismo. A principio de año, hizo el traspaso del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -que antes dependía del Ministerio y Derechos Humanos de la Nación- a la cartera que ella conduce.

Un sistema de crueldad

Las personas en situación de encierro consideran que el nuevo modelo «es inhumano porque no nos permiten abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias, no soportamos cumplir condena en estas condiciones», denunció un detenido en representación de los otros 14 con los que comparte el pabellón. «Fuimos despojados de las ropas que vestíamos, nos dieron mamelucos y alpargatas», reclamó.

«Pueden hablar con sus abogados una sola vez al día, con sus familiares directos un solo día en la semana, la llamada la realiza un agente penitenciario, pregunta si la persona acepta la llamada y finalmente los dejan hablar un rato», aseguró Fabio Galante, abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diálogo con Tiempo. 

El letrado es representante legal de Alionzo Rutillo «Ruti» Ramos Mariños, relacionado a la venta de drogas en la Villa 31 bis; Mario Segovia, conocido como «Rey de la efedrina»; también de Ignacio «Ojito» Actis Caporale, piloto de carreras automovilísticas fue señalado como el responsable de enviar 8 kilos de cocaína a la ciudad de Salamanca, España. Todos ellos se encuentran en el módulo VI de la cárcel de Ezeiza, en huelga de hambre junto a sus compañeros de encierro y reclaman sus derechos. 

Destrucción de los vínculos familiares 

El letrado continuó denunciando que «los tienen encerrados 20 horas por día; los menores de edad y las mujeres embarazadas -como no pueden pasar por el scanner de la requisa- tienen que ver a sus padres y sus maridos detrás de un vidrio y hablarles por el teléfono que está en ese sector, una vez a la semana puede entrar un familiar directo». Galante estuvo preso y se graduó en el Centro Universitario de Devoto (CUD).

Les dan la visita los miércoles y los dejan hablar por teléfono los jueves. «Es contradictorio, eso tendría que ser al revés porque de este modo el detenido no sabe si la mujer lo va ir a ver o no. Además, quizás le tienen que avisar que le lleve algo. Es una de las tantas cosas que les están haciendo con el nuevo sistema que les aplicaron; están dañando en forma directa los vínculos familiares».

«Otras de las cosas que me llamó mucho la atención es que no los dejan tener contacto con la Iglesia Católica ni con la Evangélica; no pueden tener una biblia. No pueden buscar la fe y tampoco recurrir a la ciencia o lo racional porque sería ir a la psicóloga, pero donde está la profesional que los atiende hay un agente encapuchado que está escuchando todo», denunció.

«La situación es inconstitucional desde donde la miremos, se están violando todos los Derechos Humanos de estas personas, pero hasta el momento la Justicia no ha dicho nada al respecto», apuntó el abogado. Desde el pasado 11 de julio los detenidos permanecen en huelga de hambre; «es la medida que mis defendidos adoptaron junto a sus compañeros para expresar el reclamo junto al habeas corpus que presenté», agregó.

El daño que en las infancias 

«Además, con el nuevo sistema están vulnerando todos los derechos de las infancias estipulados en la Convención de los Derechos del Niño porque no les permiten que abracen a sus padres. Ya no pueden jugar con ellos cuando van de visita. Todo eso genera daños muy duros en las mentes de las niñeces que les puede quedar para toda la vida», planteó.

«Les dan recreo por separado, van sacando de a cinco detenidos, en pequeños turnos de 20 o 30 minutos. En ese tiempo tienen que estar en el patio, bañarse y limpiar la celda, entre otras cosas», explicó Galante. Solo tienen «el mameluco que visten y un juego de sábanas, literal», cerró.

Cabe destacar que el módulo VI del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza tiene capacidad para albergar a 116 internos en celdas individuales, divididos. Están los pabellones A, B, C, D, E, F y G, con capacidad de alojamiento individual de 15 celdas. También el H, capacidad de alojamiento individual de 11 celdas.

Un grito desesperado

El detenido que representa al resto contó a este diario que los han sometido a un régimen muy estricto y cruel: «Queremos volver a tener contacto con nuestras familias, poder abrazarlas, hablarles por teléfono todos los días y cuantas veces sean necesarias, no nos pueden someter a un sistema tan duro, nos están destruyendo mentalmente a nosotros y nuestros seres queridos».

Reclaman que la Justicia Federal, «nos brinde una respuesta a la brevedad posible, como por derecho corresponde. Porque el accionar de la política de turno está atentando en forma directa contra los principios republicanos, lo que nos están haciendo es inconstitucional, en forma urgente tienen que intervenir organismos internacionales de control», finalizó.