El ministro de Justicia brasileño, Flávio Dino, señaló que gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses y que todas esas personas serán llamadas a declarar. Nombró al episodio de este domingo como “el Capitolio brasileño”.
El ministro, que nombró al episodio como «el Capitolio brasileño», aseguró que el Gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses que facilitaron el traslado y que todas esas personas serán llamadas a declarar en breve, citó la Agencia Brasil.
«Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Todas estas personas serán llamadas a declarar, porque los buses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas», agregó.
Dino responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue «determinante» para posibilitar el asalto a los edificios públicos, y aseguró que pretende devolver la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia «lo antes posible».
No obstante, aclaró que habrá una «revisión» en el cuerpo policial por su responsabilidad.
En relación a su vinculación con el asalto al Capitolio, en Estados Unidos, en el año 2021, el ministro dijo que «vivimos el Capitolio brasileño ayer. Con diferencias. Aquí no hubo muertos y más presos que allá».
El 6 de enero de 2021 simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump asaltaron el parlamento (Capitolio) para impedir la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones generales de 2020, y el ataque terminó con cinco muertos, uno de ellos policía que intervino para detener la invasión.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo ayer que los invasores «golpistas» que depredaron las sedes de los tres poderes no tenían ningún tipo de agenda negociadora o de reivindicaciones.
«No vamos a permitir que la democracia escape de nuestras manos», prometió el mandatario anoche en una reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.
Según el jefe de Estado, las más de 1.200 personas detenidas durante el asalto a los tres poderes el domingo y en los campamentos levantados este lunes «van a permanecer presas», aunque admitió que «posiblemente son víctimas» y «masas de maniobra de mandantes».
«Vamos a encontrar a quien financió y costeó. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios, pero vamos a investigar», manifestó el exlíder sindical.
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