El gobierno expandió el impuesto PAIS para gravar giros de dividendos al exterior

El decreto 385/24 incorporó estas operaciones entre las que ya estaban gravadas a través de la ley 27.541, que creó el impuesto PAIS en diciembre de 2019. Los considerandos de la norma señalan la necesidad de “continuar profundizando los incentivos a la inversión nacional que estimulen la producción y la realización de actividades económicas en el país, garantizando un sendero fiscal sostenible” y que en ese sentido “se estima adecuado extender el alcance del impuesto PAÍS”.

El tributo gravará tanto las compras de divisas como la de bonos dolarizados del Banco Central que tengan esas finalidades. A ellas se les aplicará una alícuota de 17,5%.

El gobierno de Alberto Fernández creó ese tributo, con el anagrama de Para Una Argentina Inclusiva y Solidaria, para alcanzar la compra y venta de divisas con fines de atesoramiento. En 2023, el entonces ministro Sergio Massa dispuso ampliar su alcance a las importaciones de algunos bienes y servicios. Al asumir Javier Milei, el tributo se generalizó a prácticamente todas las compras del exterior.

Esa generalización hizo que el PAIS, originalmente un impuesto marginal, haya obtenido cada vez mayor protagonismo como fuente de recursos fiscales. Su peso significó 5,9% de los ingresos totales de la AFIP en el mes pasado, casi cuatro veces el magro 1,6% que representaban un año antes, según los números del organismo recaudador. El mes pasado se recaudaron por ese concepto $ 510.247 millones, unas once veces más que en el mismo mes de 2023. Fue, por muy lejos, el impuesto que mejor evolucionó en el marco de una recaudación tributaria que disminuyó en términos reales, tal como lo contó Tiempo en su edición impresa del domingo 5 de mayo.

La extensión de los alcances del tributo encierra una paradoja, ya que el gobierno presuntamente libertario accedió al poder prometiendo rebajas y quitas de impuestos. Claramente su proceder, al menos en este caso, va en sentido contrario.

Sin embargo, desde el Ejecutivo lo defienden con una curiosa interpretación: que se trata de una rebaja de impuestos, ya que en su versión original el PAIS tenía una alícuota de 30% sobre la base imponible y para estos ítems se dispuso que la misma se reduzca al 17,5%. Además, afirman, es un paso concreto hacia la eliminación del cepo, ya que permitirá comprar dólares en el mercado oficial para girar dividendos al exterior, algo que no estaba permitido.

Para sortear esas restricciones, hasta ahora las empresas recurrían a comprar en pesos bonos duales (cotizan a dos monedas) y venderlos en dólares a través del mecanismo de contado con liquidación (CCL). Para desalentar esa práctica, el Banco Central promovió los bonos Bopreal, que se pueden vender en el mercado secundario. Sin embargo, algunos analistas sostienen que entre la baja paridad actual (menos del 70 por ciento) y el nuevo tributo, a las empresas que necesiten remitir utilidades a sus casas matrices les seguirá conviniendo el CCL.

Aun con esos matices, el decreto es funcional a las necesidades fiscales del gobierno, que se quedará con una tajada de una operación que, en teoría, sólo involucraba a demandantes con el Banco Central. Por eso algunos analistas creen que las reiteradas alusiones del presidente Milei a un próximo levantamiento del cepo no se cumplirán en el corto plazo.

“El programa financiero paradójicamente depende cada vez más del cepo”, afirmó Marina dal Poggetto, una de las voces más escuchadas entre los economistas, en un reportaje concedido la semana pasada. “Mientras vos atrases el tipo de cambio y bajes la tasa para remunerar los pesos, es cierto que no estás creando pesos en forma endógena, pero si tu objetivo es atrasar el tipo de cambio y no remunerar los pesos, para mí estás más lejos de sacar los controles de capitales, no más cerca”, sostuvo.