Lo presentó el legislador Leandro Santoro y alcanza no sólo a los contratos de obra pública, sino también los concesionarios de servicios públicos y los proveedores del Estado mediante el sistema de compras y contrataciones.
En su parte sustancial la iniciativa modifica los requisitos para poder acceder a un contrato con la Ciudad de Buenos Aires, ya sea para la realización de obra pública, para ser concesionario de servicios públicos o para ser proveedor del Estado mediante el sistema de compras y contrataciones. Así, se impediría a quienes se declaren autores o participes de delitos bajo el régimen del “arrepentido” ser candidatos contratables.
La modificación está incluida en el punto del artículo 24 de la ley 5916, y expresa la incompatibilidad para contratar a “las personas físicas, empresas y sociedades que a través de sus representantes declaren o hayan declarado en sede penal reconociendo su autoría o participación delictiva a través del régimen de la Ley Nacional N° 27.304 (El arrepentido) , o celebren un «Acuerdo de Colaboración Eficaz» en el marco del Art. 16 de la Ley Nacional N° 27.401 (Responsabilidad penal empresarial)”. La misma medida se extiende a los concesionarios de servicios públicos y los aspirantes al sistema de compras y contrataciones porteño.
Para Santoro «es insólito que los empresarios que reconocen haber pagado coimas no sólo estén libres sino que además sigan haciendo negocios, como Roggio, que se asocia con Siemens para retener la concesión del Subte porteño» y afirma que “porteños y porteñas se merecen que con sus impuestos se contraten empresarios honestos”.
A lo largo de los fundamentos del proyecto, hace un repaso de licitaciones de las cuales fueron beneficiarios en la Ciudad a través de sus empresas varios de los arrepentidos, como es el caso de Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Carlos Wagner, Juan Carlos de Goycochea y Héctor Zabaleta, por lo cual sostiene el Diputado: “Resulta inadmisible desde el plano de la transparencia, desde el objetivo de combatir la corrupción y desde la esfera de la ética pública convalidar que los proveedores del Estado sigan siendo empresarios que asumen el pago de coimas».
En los fundamentos, Santoro advierte que “los hechos de público conocimiento, acaecidos recientemente y difundidos periodísticamente como ‘ La causa de los cuadernos’, ponen de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, motivo por el cual esta Legislatura, como órgano representativo del pueblo de la ciudad, tiene el deber de dar una respuesta jurídico política que otorgue garantía suficiente para el impedimento de su reproducción”.
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