La Cámara habilitó a la UIF como querellante independiente, algo que el juez Ercolini había obturado con otra resolución.
El presidente y el gobernador Perotti estuvieron reunidos de manera virtual por más de una hora. Acordaron que las autoridades de Santa Fe se reúnan con los distintos acreedores “para ver la situación de cada uno y encontrar las mejores alternativas”, aseguraron fuentes de la gobernación.
En el encuentro, del que también participaron colaboradores del presidente, estuvieron el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia y María Victoria Stratta, titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia.
“El interés del presidente es conocer cada uno de los detalles del proceso que se lleva adelante en el marco del concurso de Vicentin, cuyo objetivo central, destacado en reiteradas oportunidades durante la reunión, es el salvataje de la empresa”, afirmó Perotti. El gobernador aseguró: «Seguiremos adelante con la estrategia que llevamos en común nación y provincia y las reuniones con los principales acreedores».
Lavado de activos y fondos off shore
En tanto, en Buenos Aires, los directivos y socios de Vicentin no podrán escapar de ser investigados por lavado. La causa penal investiga si hubo delito en el otorgamiento de créditos a Vicentin por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación. Está a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. Tiene como imputados al último titular del banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Y ahora tendrá como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Este martes, la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió revocar y dejar sin efecto la resolución de Ercolini que había decidido unificar en una sola parte a las querellas promovidas en forma separada. De esta forma, el tribunal de segunda instancia resolvió que ambos organismos intervengan de forma independiente.
El juez Ercolini había decidido unificar las querellas de la UIF y el Banco de la Nación. Ante esto, la UIF, organismo a cargo del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, apeló. Es que la UIF es un organismo de investigación financiera y la información que obtiene, proveniente de diversos sujetos, tiene carácter secreto hasta que un juez disponga lo contrario. Las tareas de investigación que puede llevar adelante la UIF podrían implicar la utilización de datos que no pueden ser revelados a otras personas por lo que resulta casi imposible ejercer una querella conjunta.
La investigación que promueve la UIF no se limita a la defraudación en perjuicio del banco público, autorizada por González Fraga durante el macrismo, sino que busca impulsar la investigación también sobre maniobras vinculadas con la evasión tributaria, subfacturación, contrabando y el accionar de empresas off shore.
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