Para el sindicato a de Moyano la medida fue ilegal y el fiscal Di Lello le pidió al juez Ercolini una serie de medidas de prueba para determinar si el ministro de Trabajo cometió ilícitos.
Di Lello le solicitó al juez federal Julián Ercolini que realice una serie de medidas de prueba para determinar si el ministerio de Trabajo cometió ilícitos al trabarle a Camioneros una multa de más de 800 millones de pesos.
El fiscal dio curso a la denuncia presentada a principio de agosto por el secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, contra Triaca y contra Damián Araya, otro funcionario del mismo ministerio. A ambos los acusó de cometer los delitos de “usurpación de funciones públicas, falsedad ideológica y abuso de autoridad”.
A través de su abogado Daniel Llermano, Moyano había dicho que la multa era “ilegal y exorbitante” y que el único objetivo de esa medida era “desplazar a la Organización Gremial del rol de defensor de los derechos de trabajadores, vaciando y destruyendo a la Federación”.
Entre las primeras medidas de prueba, el fiscal Di Lello le pidió al juez Ercolini que solicite al ministerio de Trabajo que informe los “antecedentes de imposición de multas de este carácter y magnitud -en términos de cantidad de dinero multado por trabajador afectado- a otros organismos, por idénticos o similares hechos a los aquí tratados”.
La disputa se inició en julio cuando Triaca multó al sindicato por 810 millones de por no acatar una conciliación obligatoria cuando discutía con las cámaras empresariales los aumentos del salario de la paritaria anual.
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