Es por la filtración de imágenes del momento de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, en su domicilio en Puerto Madero, el pasado 3 noviembre.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien reemplaza de manera interina a su colega Paloma Ochoa, requirió abrir una investigación contra cuatro agentes vinculados con la detención del funcionario.
El fiscal elevó el requerimiento ante el juez federal Sebastián Ramos, quien ahora deberá decidir si da curso o no a las medidas de prueba sugeridas por la representante del Ministerio Público.
Fuentes judiciales informaron que, por ahora, los nombres de los imputados se mantendrán en reserva para no entorpecer la investigación y aclararon que podría haber más personas investigadas.
La denuncia había sido presentada por el abogado especialista en Derechos Humanos Marcelo Parrilli a la que luego se le acumuló otra presentada por la defensa de Boudou.
Parrilli había denunciado el que 3 de noviembre, instantes después de la detención del ex vicepresidente en su departamento de Puerto Madero, se difundieron «ilegalmente» las fotos y videos del momento de su aprehensión.
En algunas de las imágenes difundidas, se veía a Boudou descalzo frente a un funcionario de civil y en otras lo mostraron con personal de Prefectura Naval a ambos lados con y sin esposas.
Para Parrilli, la difusión de las imágenes «no guardan relación alguna con la legalidad que debió imperar en el procedimiento de detención al que se hiciera referencia».
Parrilli denunció además «la existencia de una política sistemática, en el ámbitos del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a difundir ilegalmente imágenes también ilegalmente obtenidas de la detención de ex funcionarios del gobierno anterior».
En su denuncia, el abogado y ex legislador porteño hizo referencia también a la filtración de imágenes del también detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y responsabilizó por ello a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Para Parrilli, el objeto de la filtración de las imágenes es el «escarnio y humillación públicos y sin vinculación con cualquier necesidad del procedimiento de aprehensión».
Eduardo Durañona, abogado de Boudou, había radicado en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, una denuncia por «violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» también contra los efectivos de Prefectura Naval que estuvieron dentro del departamento de Boudou el día de su detención.
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