La conducción de la UIA relativiza el cierre de plantas con el argumento de que la nueva legislación les dará la competitividad que pierden con la pulverización del mercado interno, el dólar barato y la apertura comercial.
El análisis coincide con la cuenta regresiva del plazo que definieron los redactores para terminar el texto que el gobierno quiere enviar al Congreso Nacional para su discusión en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre.
En el caso de los industriales, la lectura se realiza sobre un verdadero volcán en erupción: esta semana el cierre temporal (por ahora) de la multinacional Mondelez, en Tigre, provincia de Buenos Aires, agigantó la sombra que generó una semana antes la desactivación de la planta de Whirlpool, en Pilar.
Mondelez es una de las compañías grandes del mercado y su parada, inédita en su historia en el país, disparó la preocupación de los sectores que cuestionan la mirada oficial en relación a la industria.
Fiel a su principio de acelerar en la curva, el gobierno aprovechó el estupor para reafirmar su perspectiva. El presidente Javier Milei argumentó que los cierres de empresas son para el bien de las empresas que quiebran, de los trabajadores que se quedan sin empleo y de los consumidores. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó públicamente al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, que una semana atrás declaró que “la mejor política industrial es la que no existe”.
Llamativamente, el posicionamiento oficial interpela positivamente a sectores importantes de la patronal fabril, que relativizan el impacto del programa económico en el sector y ven con buenos ojos el avance de las reformas económicas.
La polarización que atraviesa a la dirigencia industrial se manifestó esta semana en una reunión interna de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que, según trascendidos, los sectores críticos habrían interpelado duramente a los que acompañan al gobierno, con el presidente de la entidad, Martín Rappallini, al frente.
Rappallini desarrolló ese pensamiento antes y después de la reunión de la discordia en varias entrevistas periodísticas. El directivo minimizó los cierres de empresas y los despidos con el argumento de que la industria está “en un momento de transición” y consideró que los dirigentes no deben discutir públicamente por cuestiones internas.
En otras palabras, silencio, acompañamiento y a “confiar en lo que vendrá después de la aprobación de las leyes en el Congreso”.
El concepto de “transición” es uno de los ejes problemáticos de la interna industrial. De un lado, los que bancan el camino de las reformas del gobierno plantean que la reforma laboral traerá una suerte de paraíso regulatorio favorable a los negocios, la realización de la agenda que el lobby trabajó pacientemente por años y que ahora está a un paso de convertirse en vibrante realidad.
Del otro lado están los que advierten que la transición es la arena de la pulverización del mercado interno, en un contexto de apertura importadora, tipo de cambio bajo y tasas altas. Las pymes industriales en particular discuten la prioridad de las reformas estructurales y piden una intervención urgente del Estado para salvar a las empresas que todavía no cayeron.
Pero la presión parece dar resultado en algunos ámbitos de la dirigencia. Después de la reunión del martes, los ánimos de unos cuantos se calmaron sensiblemente, a juzgar por conversaciones con dirigentes que bajaron decibeles en pocos días, por temor, o porque aceptaron el consejo de Rappallini.
Cada fábrica que estalla, acorralada por la caída de la demanda, por la crisis del mercado o por la competencia de las importaciones, arrastra en su explosión a otras fábricas, sus proveedoras, que también se achican, se transforman o desaparecen, dejando empleados (y familias) en el camino.
La encuesta mensual de la UIA de noviembre consignó que para el 41% de los industriales consultados el problema más relevante es la caída de la demanda de otras empresas.
La industria automotriz es un caso testigo: su retroceso en noviembre fue del 29% y en el segmento de vehículos superó el 50 por ciento. El derrumbe, previsiblemente, sepulta al autopartismo nacional. El viernes la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) emitió un comunicado desesperado sobre la situación tras el cierre de Nissan y la discontinuidad de proyectos que movilizaban la demanda local; la caída de la actividad de Iveco; y la concentración de Volkswagen en la producción de camiones con poca participación nacional. «
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