Infancias rurales: una deuda pendiente ante la ausencia del Estado

Cada 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos interpela como sociedad. Nos obliga a mirar una realidad que muchas veces permanece invisible y que golpea con mayor fuerza en los sectores más vulnerables. Nos obliga, especialmente, a mirar hacia las zonas rurales, donde miles de niños y niñas siguen viendo vulnerados sus derechos más básicos.

Las cifras son contundentes. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, 138 millones de niños y niñas en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo infantil y 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo integral. La agricultura continúa siendo el sector con mayor incidencia, concentrando aproximadamente el 61% de los casos registrados a nivel mundial.

Detrás de cada número hay una historia. Hay una infancia que pierde oportunidades, que abandona o retrasa su trayectoria educativa, que ve afectado su desarrollo físico y emocional. Hay niños y niñas que asumen responsabilidades que no les corresponden y que deberían estar destinadas a los adultos.

En Argentina, esta problemática adquiere características particulares. Los datos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) muestran que el trabajo infantil tiene una incidencia significativamente mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Esto es consecuencia de desigualdades estructurales, de la falta de infraestructura básica, de las dificultades para acceder a servicios esenciales y de la ausencia de políticas públicas sostenidas que garanticen igualdad de oportunidades para quienes nacen y crecen lejos de los grandes centros urbanos.

Por eso resulta imposible abordar el problema del trabajo infantil sin hablar del rol del Estado. Su erradicación requiere decisión política, inversión pública y presencia territorial. Requiere escuelas, caminos, conectividad, acceso a la salud, programas de acompañamiento familiar e inspecciones laborales eficaces. Requiere garantizar empleo registrado y salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras rurales, porque cuando el ingreso de los adultos no alcanza, son los niños quienes terminan pagando las consecuencias.

Un Estado ausente deja a infancias a la deriva

La reciente Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra volvió a poner en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección laboral. Allí, tras las presentaciones realizadas por las organizaciones sindicales argentinas, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT instó al Gobierno nacional a reforzar la inspección del trabajo, garantizar el diálogo social y adoptar medidas concretas para cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Estas recomendaciones no pueden ser ignoradas cuando hablamos de trabajo infantil, porque la fiscalización y la presencia estatal son herramientas fundamentales para prevenir situaciones de explotación y vulneración de derechos.

En este contexto, preocupa la retirada del Estado nacional de numerosas políticas de protección social y la falta de iniciativas orientadas a fortalecer la presencia institucional en los territorios más vulnerables. También hemos asistido a discursos que relativizan el papel del Estado en la protección de derechos.

Sin embargo, cuando hablamos de trabajo infantil no hay lugar para ambigüedades: la pobreza, la desigualdad y la ausencia de políticas públicas generan condiciones que favorecen la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El verdadero desafío consiste en garantizar empleo registrado, salarios dignos y acceso efectivo a derechos para que las familias no tengan que enfrentar esa realidad.

La Argentina ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la OIT, que establecen la edad mínima de admisión al empleo y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Estos compromisos internacionales no pueden convertirse en declaraciones vacías. Deben traducirse en acciones concretas y sostenidas que coloquen a la niñez en el centro de las prioridades públicas.

Desde UATRE sostenemos que la defensa de las infancias rurales es una responsabilidad colectiva. Por eso acompañamos iniciativas como los Centros CRECER impulsados por RENATRE, espacios de cuidado, contención y acompañamiento para hijos e hijas de trabajadores rurales durante los períodos de cosecha y mayor demanda laboral.

Del mismo modo, defendemos y promovemos el fortalecimiento de las escuelas rurales, una herramienta fundamental para garantizar derechos, prevenir el trabajo infantil y generar oportunidades de desarrollo en comunidades que muchas veces se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos. Cada escuela abierta y cada espacio de cuidado representan una oportunidad concreta para construir un futuro con más igualdad.

Los trabajadores rurales conocemos mejor que nadie las dificultades que atraviesan las comunidades del interior profundo. Sabemos que donde falta una escuela, un centro de salud, un camino transitable o una oficina pública, los derechos se vuelven más frágiles. Por eso el movimiento obrero organizado seguirá siendo una voz activa en la defensa de las infancias rurales, impulsando políticas de protección, denunciando situaciones de explotación y promoviendo oportunidades para las nuevas generaciones.

La deuda con las infancias rurales no se salda con discursos. Se salda con inversión pública, educación, salud, infraestructura, trabajo registrado y presencia estatal. Ese es el camino que la Argentina necesita recorrer si realmente pretende erradicar el trabajo infantil.

Desde UATRE seguiremos trabajando junto a las familias rurales, las organizaciones sociales, la comunidad educativa y todos los actores comprometidos con la defensa de los derechos de la niñez. El movimiento obrero tiene una responsabilidad histórica en esta tarea: proteger a quienes más lo necesitan y construir condiciones para que las futuras generaciones tengan más oportunidades que las anteriores. Porque la infancia no trabaja. La infancia estudia, juega, aprende y sueña. Y esos derechos deben ser garantizados por una sociedad y un Estado presentes.