Ganadores y perdedores de una regulación sanitaria que el gobierno nacional puso en juego como moneda de cambio en el Congreso de la Nación.
El martes 18 de marzo, en horas de la mañana, el gobierno nacional anunció la flexibilización de las condiciones para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia (que es una zona libre de vacunación). Lo hizo a través de una adecuación de las exigencias sanitarias realizada por el Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Unas horas más tarde, el gobernador neuquino Rolando Figueroa se reunió con el ministro Santiago Caputo. En horas de la tarde de ese mismo día, el gobierno nacional dio marcha atrás con el anuncio de levantamiento de la barrera sanitaria patagónica que había dispuesto a la mañana, suspendiéndola por 90 días.
En consecuencia, veinticuatro horas después, el miércoles 19 de marzo, los diputados nacionales del PRO, Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro), Pablo Cervi (Neuquén) y Roxana Reyes (Santa Cruz), junto con los diputados afines al oficialismo Agustín Domingo (Río Negro), César Treffinger (Chubut), José Luis Garrido (Santa Cruz) y Osvaldo Llancafilo (Neuquén), aprobaron el DNU que autorizó la actual negociación con el FMI.
El anuncio resultó sensible, porque el sur del país tiene una sábana corta: con la actual restricción de entrada de carne con hueso a la Patagonia hay ganadores y perdedores.
Los perdedores son los consumidores patagónicos, que pagan la carne un 35 % más cara que en el resto del país. En el valle de Rio Negro y Neuquén el kilo de asado cuesta 20.000 pesos, mientras que en Tandil –por poner como ejemplo la cuidad donde reside este cronista– se paga, el kilo, 13.000 pesos.
Los ganadores son los inversores ganaderos rionegrinos –coincidentes con ciertos funcionarios del gobierno provincial, como por ejemplo Pablo Cervi, diputado nacional, propietario de la empresa frutihortícola Mario Cervi e hijos, que hace unos 15 años incorporó la ganadería con un feet lot en Neuquén–, y por otro lado pequeños y medianos productores de peras y manzanas del Valle que tuvieron que reconvertirse hacia la ganadería, donde prevalecen las grandes empresas empacadoras y exportadoras cartelizadas que forman la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI).
El intercambio de favores dejó en evidencia un contubernio de guante blanco por parte del gobierno nacional. Expuso, además, a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien tuvo un papel muy lamentable al pretender quedar bien con el gobierno y con sus representados del Sur, proponiendo un “diálogo” que nunca tuvo posibilidades de prosperar, porque el anuncio no había sido pensado en función de los productores, sino del intercambio de favores políticos al interior de la “casta”.
* Ingeniero agrónomo y productor agropecuario
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