Iniciativa Justicia pidió el rechazo al pedido de juicio político contra Ramos Padilla

El colectivo Iniciativa Justicia le pidió formalmente al presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Ricardo Recondo, que sea rechazado el pedido de juicio político del gobierno contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Mediante una nota firmada por los abogados Maximiliano Rusconi, Graciana Peñafort, Carlos Beraldi, Ary Llernovoy, Martín Arias Duval y Gabriel Palmeiro, la organización Iniciativa Justicia consideró que la exposición del juez Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados no constituye una causal de “mal desempeño” por la que deba ser removido de su cargo.

En ese sentido, la misiva pidió que las razones para denunciar a un juez ante el Consejo de la Magistratura “sean examinadas restrictivamente, para evitar su sometimiento a presiones por parte de los otros poderes del Estado, y al temor permanente de perder su cargo y, con ello, su fuente de trabajo”.

“La exposición de Ramos Padilla ante los legisladores ha sido sumamente prudente y clara, sin que se haya observado un adelanto de opinión, pérdida de imparcialidad u otra circunstancia que amerite que el magistrado sea considerado incurso en la causal de mal desempeño y removido de su cargo”, resaltaron los abogados que suscribieron el pronunciamiento.

El documento convoca a tratar cada tema en su ámbito específico. “Las cuestiones relacionadas con la intervención o competencia del juzgado federal de Dolores, con el modo de adquisición de las pruebas y con su alcance y significancia, deben ser definidas en el marco de las reglas procesales legalmente establecidas y no activando un mecanismo disciplinario como el que aquí se ha promovido, que se encuentra reservado para otros supuestos, que nada tienen que ver con el que aquí se trata”.

“La plena vigencia del sistema republicano aconseja abandonar el viejo axioma de que los jueces sólo hablan a través de sus sentencias, resultando sumamente plausible que un magistrado rinda públicamente cuentas de su actividad, en el marco institucional que brinda la Cámara de Diputados, sin que ello afecte el equilibrio de partes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado”, subrayaron.

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