Inquietud por una fuerza de choque que prepara la Policía porteña para la pandemia

El martes, en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, intentó desestimar el cuestionamiento de algunos diputados, que habían visto en la creación de un nuevo grupo policial el afán del Gobierno de la Ciudad de reprimir un eventual desborde social causado por la pandemia, con un pésimo ejemplo: “Lo que queremos es dar presencia inmediata ante una situación anómala –dijo–. Ya se ha dado de tener varias cuadras de cola para ir a un supermercado. Eso generó ciertas situaciones tensas que requieren un despliegue rápido”.

Entre el 8 y 10 de abril, en el predio que la Policía de la Ciudad tiene en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, 700 agentes de distintas comisarías fueron convocados a tomar instrucciones para desenvolverse como miembro del grupo “Despliegue de Intervención Rápida” (DIR). Aunque no hubo ninguna información oficial, Tiempo pudo averiguar que al frente de la flamante división estará el comisario mayor Pablo Kisch, en una suerte de doble comando con el subjefe Pedro Carnero. Kisch tiene experiencia en dirigir grupos especiales dentro de la fuerza, es decir, aquellos que no proceden como policía de proximidad y tienen régimen de Infantería: reprimen en células y avanzan con escudos, motos, escopetas y camionetas. El combo es un grupo con un poder de fuego por encima del resto de los efectivos.

“Lo primero que nos preocupó fue lo irregular de la convocatoria a los policías, algunos vía celular, de manera muy informal. Tampoco entendíamos cual era el motivo de esta nueva unidad que recibe entrenamiento para intervenir en conflictos sociales. Esto viene de la mano con la urgencia de la compra de elementos antidisturbios por casi 53 millones de pesos. En un contexto de pandemia, la prioridad en materia de recursos tiene que ser la salud. Al coronavirus no se lo va a combatir con gases lacrimógenos”, dice la legisladora porteña Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,.

La diputada solicitó al Ejecutivo porteño que en un período no mayor a 30 días informe cuáles fueron las resoluciones y documentos oficiales con los que se justificó la creación del grupo DIR, en qué situaciones de conflicto intervendrá y quiénes serán los oficiales que estarán al mando.

“Se me ha puesto en conocimiento de que allí han sido instruidos una serie de agentes en acciones y tareas propias de los cuerpos especiales similares a la Guardia de Infantería. Los ejercicios de caminar juntos con escudos, instrucciones de tiro, la disposición en grupos integrados por tres escopeteros, dos choferes de motos y un chofer de patrullero, motivan saber cuál es el protocolo de actuación al que se ceñirá dicho cuerpo especial”, detalla el pedido.

En la reunión del martes, D´Alessandro insistió en que no se trata de un cuerpo de elite y explicó que “en la Ciudad hemos trazado más de 5500 objetivos para cuidar por diferentes situaciones, donde, entre otros, están las embajadas, las sedes del Poder Ejecutivo, los supermercados, los colegios, los hospitales y los 131 ingresos a la Capital”.

A la inquietud de la oposición y la ciudadanía por el nuevo invento represivo del Gobierno porteño, hay que sumarle el disgusto de los propios policías. La mayoría de los agentes fueron convocados de improviso y, si se negaban, tenían que conseguir un reemplazo proveniente del mismo lugar que ellos y con idénticas características profesionales. Un oficial que por razones obvias pidió reserva reflexionó: “Si se tratara de dar seguridad a los vecinos en problemáticas puntuales, no precisaríamos escudos y el poder de fuego de un grupo especial. Esto es una máquina de picar carne”.

Cheque en blanco

El 3 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la compra directa de municiones antidisturbios por un valor de 52.765.291 pesos realizada por la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Gobierno porteño a la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, dependiente de Fabricaciones Militares. La adquisición de 150 mil cartuchos de escopeta de balas de goma y casi 5000 granadas tuvo carácter de urgente.

“¿Cuál era la premura de esa compra? –se pregunta Montenegro– ¿Por qué no ponemos la energía en cuidar la salud y la vida de los porteños? Asumimos una actitud de trabajo en conjunto porque la prioridad es enfrentar este virus, pero eso no significa firmarles un cheque en blanco”.

Distracciones y delaciones

Otro de los pedidos de informe de la diputada Victoria Montenegro tiene que ver con la contratación de una empresa por parte del Poder Ejecutivo para espiar y controlar el trabajo de los integrantes de la Policía de la Ciudad. Varios efectivos se quejaron del aumento de denuncias contra ellos por supuestas distracciones motivadas por el uso del celular. Al mismo tiempo, denuncian la creación de un presunto sistema en el que los comisarios tienen mayor consideración de parte de las autoridades si realizan delaciones por desatenciones en sus labores contra agentes de su propia dependencia.