Solicitaron la renovación del Decreto 320/2020 de Emergencia Pública que, entre otras cosas, fijó esos costos a principios de la pandemia y que se renovó el septiembre pasado. También reclamaron una política integral que trascienda los planes de construcción.
En el texto pidieron también que la normativa se convierta en una política efectiva con un Estado que asuma el control de la situación. “El gobierno nacional tiene la obligación moral de fomentar y ayudar al desendeudamiento financiero de los millones de inquilinos, con el objetivo de recuperar un mínimo grado de sustentabilidad y tranquilidad para sus familias” consideraron.
También pidieron que el Estado asuma el desafío de construir una política integral, moderna y democrática de vivienda que vaya más allá de los planes de construcción de vivienda que “no solo es anacrónico e insuficiente sino que nos puede conducir al fracaso”, señalaron.
La propuesta incluye un pedido para que se implemente un plan de desendeudamiento para los inquilinos que no pudieron responder al pago de sus obligaciones durante la crisis económica derivada de la pandemia de Covid 19.
Tras entregar la petición a las autoridades, los gestores de la inciativa remarcaron que el DNU dejará de tener validez el 31 de enero.
El presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, declaró que: “No son tiempos para dudar ni demorar definiciones tan importantes que afectan a 9 millones de personas. Cuando se extendió el decreto en septiembre, lo anunciaron 48 horas antes”.
Muñoz apuntó que el ministro Ferraresi “se comprometió a dar una respuesta antes de las fiestas, algo que no sucedió, y ya sólo faltan 25 días para que cientos de miles de familias sean desalojadas. Exigimos entonces, que comuniquen una decisión. Gobernar es tomar decisiones. La incertidumbre que significa no saber donde vamos a vivir mañana, debe ser resuelta.”
También se sumaron al pedido los dirigentes Juan Grabois y Pablo Moyano, además del Colectivo Ni Una Menos; el referente sindical aceitero, Daniel Yofra; el titular de la CTA, Hugo Yasky; el dirigente Nacho Levy, de La Garganta. El CELS y la ONG ACIJ, entre otros.
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