Insólito: apartan al Tribunal que juzgaba a ex jueces de la dictadura en Santiago del Estero

En una decisión sin precedentes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación suspendió el juicio de la Megacausa III de Santiago del Estero, cuando ya habían declarado 15 testigos. Entre los acusados por delitos cometidos en la última dictadura hay dos ex jueces de la dictadura, Santiago Grand y Santiago Olmedo De Arzuaga (el ex juez Arturo Liendo Roca falleció durante el debate).

Con los argumentos descabellados de las defensas de los represores, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Marcelo Hornos apartaron a los tres integrantes del Tribunal Oral Federal y dejaron caer el debate oral en pleno desarrolo

“El poder judicial ha decidido continuar con la impunidad. Nos llevó más de trece años de instrucción, y más de tres años para conformar un tribunal. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para la conformación de un nuevo tribunal? Las víctimas esperamos justicia hace 40 años”, denunció públicamente la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero.

El tribunal fue integrado por los jueces María Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y Juan María Ramos Padilla, de Capital, designado justamente por Casación para poder realizar el juicio oral.

Apenas dos meses después, la Cámara dio un vuelco de 180 grados y decidió apartar no sólo a Ramos Padilla sino además a Villalobos, quien viene de participar de la histórica condena a genocidas de La Perla, y a Noli, también confirmada por Casación años antes por cuestionamientos similares.

Los argumentos de las defensas fueron variados y se centraron en la falta de independencia: Ramos Padilla integró la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH), donde estuvo entre el 88 y el 2004, un año antes de que se retomaran los juicios por delitos de lesa humanidad. Consideraron entonces que no podía ser imparcial en el juicio. También cuestionaron sus opiniones públicas a partir de comentarios en redes sociales en los que denunció a Wagner Gustavo Mitchell por sus vínculos con el robo de bebés en dictadura (es investigado por haber entregado a Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez).

A Noli le achacaron haber sido querellante en juicios de lesa humanidad, ya que su pareja fue desaparecida en dictadura, y, al igual que a Villalobo, denunciaron un supuesto paso por el ERP.

Si bien los jueces de Casación admitieron haber rechazado estas denuncias en ocasiones anteriores, consideraron que los tres juntos “comprometen la garantía de imparcialidad”.

En diálogo con Tiempo, el juez Ramos Padilla consideró que la decisión de Casación se trata de un “nuevo avance contra los organismos de derechos humanos y, en este caso, de la APDH, de la que me honra haber pertenecido”.

El magistrado aclaró que nunca fue querellante o patrocinante por la APDH ya que todavía no había juicios por delitos de lesa humanidad. Recordó que el respeto por los derechos humanos es un requisito para ser juez.

“Me dieron muchos puntos (en el concurso) por haber sido parte de la APDH. Que me aparten por esto es una cuestión que habla muy mal de la Cámara de Casación y muy bien de mí”, señaló.

Y cuestionó la paralización del juicio oral: “El juicio queda paralizado con una grave afectación a la victimas, que algunas habían viajado desde otros países. El juicio era muy importante para Santiago porque se juzgaba a ex jueces parte del genocidio, ahí la corporación judicial aportó lo suyo”.

La decisión también afectó a los acusados. En el apuro por frenar la causa, Casación se olvidó de poner un juez a disposición para quienes se encuentran detenidos, por lo que los jueces salientes debieron designar a otro juez para que atienda los reclamos de salud de los presos.

“Analizo en lo personal realizar una denuncia a los miembros de la Casación en el Consejo de la Magistratura, aunque no me hago mucha expectativa porque no ofrece muchas garantías”, finalizó Ramos Padilla.