Insólito: un juez estadounidense pretende que Cuba indemnice por un secuestro de las FARC

Dice que el gobierno cubano ayudó a la guerrilla para pasar cocaína por Venezuela y exige el pago de 166 millones de dólares a tres norteamericanos que fueron rehenes junto con Ingrid Betancourt.

Un juez de Estados Unidos dispuso que el gobierno de Cuba debe indemnizar con 166 millones de dólares a tres estadounidenses secuestrados y torturados durante más de cinco años por las FARC, así como a los familiares de otro que fue asesinado, reveló la prensa internacional.

La resolución fue adoptada la semana pasada por el magistrado Amid Mehta, del distrito de Columbia, y se funda en que -según interpreta el magistrado- Cuba «dio apoyo material» en «un número diferente de formas» a las FARC, informó la agencia noticiosa española EFE.

«Cuba usó su relación cercana con el gobierno de Venezuela para facilitar la distribución de cocaína de las FARC, que la pudo pasar de forma segura a través de la frontera entre Colombia y Venezuela», sostuvo el juez.

El magistrado agregó que ello «permitió a las FARC traficar con droga y evadir acciones para frustrar sus operaciones, como rescatar rehenes».

Mehta afirmó también que el presidente de Cuba, Raúl Castro, y su hermano mayor y antecesor en el cargo, Fidel, dieron explosivos y armas a los guerrilleros de las FARC para que realizaran instrucción de combate en campos de entrenamiento de Venezuela.

Por esos motivos, entre otros, Mehta responsabilizó a Cuba por el secuestro de los estadounidenses Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, quienes fueron rehenes de las FARC entre 2003 y 2008 y fueron rescatados en la misma operación en que se liberó a la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt.

Al ser raptados en Florencia, la capital del departamento Caquetá, los tres estadounidenses viajaban junto a su compatriota Thomas Janis y a un militar colombiano. Mehta resolvió que Cuba debe indemnizar a Gonsalves, Howes y Stansell, y a los familiares de Janis.

Desde que comenzó el juicio, en septiembre de 2015, el gobierno de Cuba no emitió comentarios ni designó abogados para su defensa.

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