Se trata del organismo que tiene el deber de remediar la crisis habitacional. Quien ocupa el lugar está habilitado por un acta firmada por el propio organismo.

En las últimas horas se conoció una situación muy insólita, dado que el organismo que tiene el deber de remediar la situación habitacional de quienes viven en CABA, quiere desalojar a quienes habitan un espacio de manera legal y que no cuentan con techo propio. En una nueva embestida contra las personas que carecen de un espacio propio, el gobierno porteño ahora quiere desalojar a una persona que habita un depósito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), y que fue habilitada por el propio organismo a guardar su mercadería en ese lugar.
El fin de semana el organismo ingresó por la fuerza e intentó desalojar a quienes estaban apoyando al vecino que ocupa en el lugar. Si bien el desalojo se pudo frenar, las personas del GCBA que irrumpieron el espacio destruyeron parte de la mercadería que se encontraba allí.
“La violencia del gobierno de Jorge Macri no tiene fin. El barrio Rodrigo Bueno se encuentra en proceso de reurbanización y en ese marco muchas familias fueron relocalizadas con la promesa por parte del gobierno de la ciudad de la entrega de una solución habitacional definitiva”, explicó a este medio Eva Koutsovitis fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC).
Cabe destacar que actualmente hay cientos de familias que se encuentran hacinadas en piezas de hoteles, en pensiones o en diferentes lugar donde pudieron mudarse a la espera de que el gobierno cumpla con los plazos y compromisos que firmó mediante actas.
“Son cientos de actas incumplidas, esta es la realidad de las familias del barrio. Esa es la situación de un vecino que tiene un acta firmada por el propio gobierno de la Ciudad donde le entregaron un depósito para que él pueda poner a resguardo su mercadería. El gobierno ahora decidió ingresar a su depósito con violencia golpeando vecinos del barrio y destruyendo su mercadería”, agregó Koutsovitis.
Quienes estaban presentes aseguran que el ingreso se hizo sin orden judicial y violando la propiedad privada de quién se encontraba en ese espacio.
“Ingresaron por la fuerza y con violencia para desalojar al vecino, el cual tiene derecho a estar por un acta acuerdo firmada por el propio instituto de vivienda durante la gestión anterior. El vecino sólo pide que le den otro espacio como dice el acta y que eso quede por escrito. Por este tema presentamos una denuncia penal contra los funcionarios que ingresaron al lugar y un amparo para evitar un eventual desalojo futuro”, termina la referente social.
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