El programa que urbaniza y construye lotes con servicios en barrios populares de todo el país sigue avanzando mientras busca otras fuentes de financiamiento. La secretaria a cargo, Fernanda Miño, vive en La Cava y asegura que el programa es "revolucionario".

La secretaría, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, trabaja con un presupuesto de 93.800 millones de pesos para mejorar los barrios más vulnerables del país. De ese total, 87.800 millones provienen del FISU que recibió el 15% del aporte único a las grandes fortunas y el 9% del Impuesto País. El resto del financiamiento proviene del Banco Interamericano de Desarrollo y de fondos nacionales.
Hasta ahora se hicieron obras de integración de servicios públicos en 492 barrios y se proyectan comprar 150 mil lotes en distintas provincias para que los sectores más pobres puedan acceder a un terreno a precios accesibles. El programa Lotear ya tiene más de 7000 lotes en Buenos Aires, Catamarca y Corrientes, entre otras provincias, que provienen de tierras municipales o provinciales, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y, ahora, de la compra a privados.
“Es revolucionario el conjunto de propuestas y líneas de trabajo que hoy tiene la Argentina para barrios populares. Queremos darle la oportunidad a los que menos tienen. Queremos que una familia, en la que ninguna generación pudo tener tierra, ahora tenga acceso. No hay antecedentes de esto para los sectores populares, que es la última franja. Porque no acceden a un crédito ni siquiera para comprar una heladera”, dijo Fernanda Miño, titular de la Secretaría, en una ronda de prensa de la que participó Tiempo.
Para la distribución de los lotes se creó el Registro Único de Solicitantes (RUS), en el que tienen prioridad las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en hacinamiento crítico o con discapacidad, entre otras.
El dinero del aporte único también fue para el programa “Mi pieza”, para que las mujeres puedan mejorar sus casas. Desde la Secretaría informaron que se llegó a más de 4000 barrios populares de los 4561 que hay en Argentina según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Sin embargo, aún no se sabe si las obras de estas dimensiones tendrán continuidad porque la mayor parte del dinero provino del impuesto único a las personas más ricas del país.
“Sin ese recurso sería imposible. Ya se implementó casi todo 93.800 mil millones de pesos. Estamos buscando más financiamiento. Sin el aporte es poco para el tamaño de ejecución que tenemos. Rezo mucho. Estamos pidiendo el mismo monto que gastamos para mantener el nivel de ejecución. Las cosas que funcionan no hay que cambiarlas. Hay muchas cosas para ver, se ve en los barrios lo que pasó en distintas provincias. Venimos trabajando mucho para que Mi Pieza siga durante este año porque sabemos lo que provocó en las mujeres”, afirmó Miño, que se define como la primera funcionaria villera. Vive en La Cava, tiene 47 años, 4 hijas e hijos y fue catequista durante 25 años.
El trabajo de las cooperativas también entra en estas obras. Si bien los desarrollos están en manos de privados, la Secretaría exige que un 25% de los trabajadores y trabajadores provengan de ese sector de la economía popular.
“Pedimos que sean cooperativas del territorio que trabajen y que conozcan y que tengan legitimidad. Que genere trabajo a los mismos vecinos y vecinas del barrio. Fuimos derribando tabúes, que se puede trabajar con cooperativas que son súper efectivas y que lo hacen rápido y que tienen una pertenencia al lugar. Trabajar en un barrio popular es una tarea artesanal, no solamente por la relación sino por el cuidado, muchos de nuestros cooperativistas saben en primera persona cuál es la necesidad. Saben de la urgencia, de hacerlo bien”, agregó la secretaria.
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