La defensa de los policías acusados de coimas denunció en el juicio un armado que incluyó espionaje ilegal. El rol de Campagnoli.
En la primera audiencia del juicio, el jueves pasado, la abogada Valeria Corbacho –quien asiste al ex subcomisario Marcelo Stefanetti– reiteró un planteo, casi una denuncia, que ya habían formulado sus colegas Christian Poletti y Raúl Alcalde, defensores de Potocar: la investigación contra los policías se edificó sobre acciones de inteligencia ilegal llevadas a cabo por el fiscal Campagnoli en un contexto de supuesto “armado”, con la venia del Ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, con la intervención del de Justicia, en manos de Germán Garavano. La hipótesis desnuda una antigua interna hasta ahora desconocida e inesperada entre la exministra Bullrich y Rodríguez Larreta. Una interna que parece persistir hasta hoy.
El juicio es oral, pero no público. Una inexplicable decisión burocrática de funcionarios de segundo orden del Tribunal Oral 16 obstaculizó (con éxito) la posibilidad de presenciar, vía Zoom, las instancias del debate. Pese a esos escollos, Tiempo pudo reconstruir lo que ocurrió en aquella primera jornada.
El tribunal está integrado por los jueces Inés Cantisani, Claudia Moscato y Gustavo González Ferrari. Si bien estaban advertidos sobre los planteos que iban a recibir desde el inicio de las actuaciones, los jueces se sorprendieron por la magnitud y la vehemencia de la presentación de las defensas. El próximo jueves deberán resolver si hacen lugar a las nulidades (en tal caso el juicio se terminará inmediatamente) o si las descartan y el proceso sigue adelante. El fiscal de juicio, Fernando Fiszer, rechazó los planteos de las defensas y se basó para ello sobre los argumentos de un juicio de características similares, en el que otros policías fueron condenados a penas de entre tres y diez años de cárcel por un mecanismo de recaudación ilegal aplicado en territorio de la Comisaría 49.
Las defensas apuntan directamente al accionar de Campagnoli. Lo acusan de haber violado la Ley de Inteligencia, de haber enviado a empleados de su fiscalía a realizar tareas de virtual espionaje, de haber tomado como disparador de la investigación una denuncia anónima que luego se comprobó que había sido efectuada por un exagente de la AFI zona norte, de haber obtenido prueba ilegal recopilando datos de otros expedientes, de haber practicado «forum shopping» (un mecanismo para elegir ilegalmente en qué juzgado tramita una causa). Todo en sintonía con el particular estilo de Campagnoli, y en una supuesta suma de méritos para llegar al cargo de procurador general de la Nación durante el gobierno de Cambiemos, en reemplazo de la por entonces jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
La acusación contra los policías es grave. Guillermo Néstor Calviño, ex alto mando de la Federal; Potocar, Susana Aveni, Norberto Villarreal (el único que permanece detenido), Stefanetti, Alberto Codaro, Marciano Quiroga, Adrián Otero, Sergio Ríos y Alejandro Malfetano están imputados por el presunto cobro de coimas al gimnasio Megatlon, a los hoteles J&J, Black Jack y El Cisne, a los restaurantes Checho, Lo de José, Bodegón de Núñez, El Puntal, Aires de Campo, Besares, La Madonnina, Los Díaz, La Buena Cocina, 2901, Baldini, Los Sauces, Rojo y Negro, y Tucson; al café Barocca, a la confitería Tienda de Café, a la heladería Chungo, a las pizzerías La Continental, Giuliano, La Guitarrita y La Boutique de Pizza, a la zapatería Ricky Sarkany, al supermercado La Placita, a la empresa del rubro gastronómico Grand Wich SA, a la concesionaria AP Automóviles, al vecino de la vivienda situada en la calle Pico 3302; a la panadería Artiaga, al bar Antidomingo, al depósito de Ramallo 1741; al supermercado Carrefour Express Market, al comercio textil Wilson Salomon y al Club Náutico Buchardo.
Las defensas denuncian que todo respondió a una sórdida puja de poder por la conducción de la Federal y de la por entonces flamante Policía de la Ciudad. El final (provisorio) de la historia muestra que el jefe de la Federal, Román Di Santo, renunció en marzo de 2016; su segundo, Calviño, con quien estaba enfrentado, terminó preso, y Potocar, designado por Rodríguez Larreta al frente de la policía traspasada, también. «
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