Intervención a Edesur: una respuesta a los cortes de luz, el mal humor social y una empresa que se borró

Finalmente, el gobierno optó por la intervención de Edesur como respuesta al dilema de los constantes cortes de luz. Aún se desconoce el trazo fino de la medida, concretamente si entre los poderes del interventor figurará el control de la caja a fin de emplear el flujo de dinero para fondear las obras necesarias para dar un servicio correcto. El interventor designado es Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.

El gobierno se juega con esta medida más que un disgusto con Enel, la semi estatal italiana dueña de Edesur. También está la expectativa de los usuarios sin luz que la semana pasada multiplicaron las protestas callejeras y se profundizó el mal humor social. En ese contexto, no parece que la paciencia de los usuarios sin luz pueda prolongarse por mucho tiempo.

Según anunció en la noche del lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, ya dio instrucciones al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que dirige Walter Martello, para intervenir Edesur por 180 días. Horas después del anuncio, desde Economía se aseguró que la intervención sería “administrativa”, aunque no abundaron en sus alcances.

Ferraresi, junto con Martello y la secretaria de Energía, Flavia Royon, estaban camino de presentarse “físicamente” en las oficinas centrales de Edesur, en el barrio porteño de Montserrat, a pocos cientos de metros del Congreso y la Casa Rosada.

Massa también adelantó que Royon informará a la Bolsa de Buenos Aires sobre los “incumplimientos” de Edesur y explicó esto en que las acciones de la distribuidora cotizan en varias plazas, entre ellas la local. Edesur ganó en julio de 1992 una concesión de 95 años, ¡hasta 2087!, para distribuir electricidad en la zona sur del Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.

El titular del Palacio de Hacienda también apuntó que resolvió ejecutar $ 2700 millones en multas a Edesur para resarcir a los usuarios afectados por los cortes del servicio. No aclaró si se trata de dinero contante y sonante o de una factura que luego se intentará cobrar.

Propiedad y Ciadi

Massa se preocupó en aclarar que la decisión que tomó “no afecta el contrato de concesión ni la propiedad de los accionistas”.

La semana pasada arreciaron los rumores sobre algún tipo de acción desde el gobierno nacional ante la irrupción de protestas callejeras provocadas por los cortes cada vez más seguidos y al mismo tiempo, más prolongados. Massa se refirió a eso al decir: “A lo largo de los últimos 15 días hemos vivido situaciones que a todos nos golpearon y nos dolieron. Claramente, ver comercios teniendo que tirar las mercaderías, hogares sin luz y sin agua por la falta de luz a lo largo y a lo ancho de la zona de concesión de Edesur fueron las imágenes que marcaron la agenda de la Argentina y sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires”.

El gobierno fue acercándose a la intervención paso a paso y en medio de un intenso debate interno. No pasó una semana desde que Martello, del ENRE, avisó que se iba a tomar hasta 90 días para elaborar “un informe” a elevar al Congreso para que el cuerpo legislativo evaluase la pertinencia de una caducidad del contrato. Ese día hubo picos de 120 mil usuarios sin luz en la zona de Edesur.

Pero tres días después ya había cambiado de parecer y evaluaba medidas “extraordinarias”. En el medio, Massa le pidió a Martello que iniciara una causa penal contra los directivos de Edesur incluido el pedido de prohibición de salida del país.

Además de los reclamos callejeros, el otro factor que determinó estos cambios en las decisiones fue el “estilo” de gestión de Edesur, cercano a la “desidia”, según testigos. El mismo lunes, desde Economía se aseguró que “los italianos abandonaron la gestión de Edesur” y que la firma se encontraba al garete. Tiempo intentó comunicarse con Edesur pero no logró una respuesta.

La intervención “administrativa” es una salida que adelantó Tiempo en su edición del domingo, donde aseguró que el gobierno estaba buscando controlar “áreas” de la empresa.

Esto sucede al mismo tiempo que la venta de Edesur no avanza por falta de interesados al precio actual, por lo que arreciaron versiones de que Enel buscaba provocar una reacción de las autoridades argentinas, una nacionalización, a fin de llevar el caso al Ciadi y reclamar una indemnización.

Pasó mucho tiempo

La intervención es para “observar que se dé cumplimiento efectivo del contrato” de concesión, afirmó Massa al explicar las tareas de Ferraresi. Agregó que en detalle, “fiscalizará” que se ejecuten las obras y se mejore el servicio.

La necesidad de una intervención no puede soslayar el hecho de que el ENRE tiene ojos y oídos en Edesur a través de un veedor y que su función fue fortalecida hace poco. Esto además del poder de auditoría del ENRE sobre Edesur y su par de la zona Norte, Edenor.

Es decir, la desinversión que denuncia el gobierno nacional se ha realizado ante la mirada de los propios funcionarios y, además, superó la renegociación de la deuda de Edesur a Cammesa (la empresa mixta que administra el mercado eléctrico), que derivó en una quita del 60% del valor presente neto de la misma, hasta $ 47.225 millones desde los $ 113.838 millones, y a pagar en 8 años con una tasa de interés subsidiada. Esto sucedió a fin de 2022.