Desde su fundación, en 1990, esta Casa de altos estudios mantiene a sus trabajadores en negro, sin derechos ni garantías laborales. Son alrededor de 2400 trabajadores que están en esa situación. En la última semana un grupo de docentes titulares de cátedras fueron desvinculados al pedir que regulen su situación laboral.

La decisión de las autoridades de la Maimónides es mantener en la ilegalidad a cientos de profesores y profesoras y al resto del personal administrativo, sin reconocerles el vínculo laboral. Cada docente universitario debe pagar su monotributo, su propia obra social, y tiene vedado realizar reclamos para mejorar su situación ya que eso representaría la no renovación de contrato por parte de las autoridades universitarias.
“Dado el descontento mostrado en varias reuniones organizadas, habrá modificaciones en las cátedras a partir del 2do cuatrimestre”. Fue la respuesta de Silvia Sofovich, Directora de la carrera de Psicología, a un grupo de docentes universitarios que, luego de 12 años de trabajo “en negro” en la universidad, decidieron reclamar mejores condiciones de trabajo. “Nosotros y nosotras formamos parte de un colectivo de profesionales y docentes recibidos en distintas universidades públicas y privadas, con una larguísima experiencia y hoy fuimos víctimas de la ausencia del Convenio Colectivo de Trabajo del que se aprovechan muchas de las universidades privadas en nuestro país” declara a Tiempo Alejandra Tortorelli, quien hasta el 1 de septiembre era titular de las cátedras de Filosofía, y Antropología Filosófica de la facultad de Psicología de la Universidad Maimónides. El mismo destino tuvieron otros titulares de cátedras como: Dinámica Grupal y Vocacional, todas dentro de la carrera de la Licenciatura en Psicología.
En menos de una semana la universidad despidió a cuatro docentes titulares e integrantes de diferentes cátedras y otros renunciaron ante diferentes presiones, pero la lista puede continuar ya que muchos otros reclaman mejores condiciones laborales. La universidad Maimónides mantienen el esquema de explotación e ilegalidad a su personal docente y no docente, desde el inicio de sus actividades, bajo un «Contrato de Investigación y Docencia a Plazo fijo». De esta manera sostiene a lo largo del tiempo una de las relaciones contractuales que establece con sus docentes y empleados bajo la modalidad de «locación de servicios». Cada trabajador y trabajadora está obligado a facturar como monotributista, mientras perdure su relación con la universidad, aunque sea por décadas, anulando todos sus derechos como trabajadores: jubilación, obra social, servicio social, vacaciones, aguinaldo, antigüedad docente, etc.
“En esta situación de ilegalidad hay alrededor de 2400 trabajadores que realizan sus tareas a diario en la Maimónides, y estamos convencidos y convencidas que nuestra desvinculación es para que ningún otro profesor, profesora o personal administrativo, reclame por mejores condiciones de trabajo”, agrega Tortorelli. El destrato hacia el personal desvinculado fue brusco y sin aviso previo: la titular de la carrera, Silvia Sofovich, decidió armar cátedras paralelas con otros docentes contratados y avisar a los estudiantes que debían cursar en un aula virtual diferente a la que venían cursando.
El grado de precarización y explotación en la Universidad Maimónides, se profundizó por el contexto de pandemia. Los docentes de cada materia fueron obligados a dar clase en comisiones de alumnos cada vez más numerosas por medio del teletrabajo, realizando esa tarea a través de equipos tecnológicos personales y con la conexión a internet que abonan de su bolsillo, sin recibir dispensa alguna por parte de la universidad, incumpliendo además con la ley de teletrabajo vigente.
“Lo que nosotros y nosotras nos preguntamos como trabajadores de la educación es ¿Cómo pueden funcionar Universidades sin tener empleados y docentes registrados legalmente, aunque las carreras estén aceptadas y autorizadas ante la CONEAU? ¿Cómo puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires se permita a tantas universidades privadas funcionar con este escandaloso grado de ilegalidad? Y ¿Cómo puede la lógica empresarial borrar todo derecho laboral y hacer de una Universidad un taller clandestino de trabajo esclavo?”, preguntan en un comunicado docentes y ex docentes de la Universidad.
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Cómo puede ser que la CONEAU hay evaluado y aprobado un sistema de universidad sin contemplar su funcionamiento legal, donde los profesores no tienen derechos adquiridos! Pareciera que lo único válido es una falsa pantalla sin considerar los derechos de los docentes.