A pesar de no existir una denuncia contra los despedidos, desenmascararon vigilancia por parte de la Policía de la Ciudad.
El fiscal dictaminó a favor de impulsar la denuncia y pidió establecer «si funcionarios pertenecientes a alguna fuerza de seguridad realizaron filmaciones o investigaciones ilegales vinculadas al conflicto laboral» a raíz de los 300 despidos en la planta gráfica, según el escrito al que accedió Télam.
Con ello, se dio impulso a la investigación luego de una denuncia penal presentada por el diputado nacional Néstor Pitrola y el secretario adjunto de la Comisión Interna del Sindicato de Trabajadores Gráficos, Marcelo Quinteros.
Según la denuncia que retomó el fiscal en su dictamen, «desde el primer día» del «lockout patronal» en la empresa ubicada en Corrales 1939, de la Ciudad de Buenos aires, los trabajadores «en ejercicio de su derecho de huelga» y las organizaciones gremiales y sociales que los acompañaron fueron víctimas de «acciones de espionaje».
Estas «acciones» habrían sido cometidas por «supuestos miembros de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana» pese a no existir «ningún tipo de denuncia contra los trabajadores», según la denuncia presentada.
Zoni pidió investigar si tal como afirmaron los denunciantes hubo «observaciones de manera permanente» y un operativo policial que incluyó dos camionetas desde donde se filmaba sin orden judicial alguna. La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
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